La Corte Suprema desestimó la queja del Ejecutivo en la causa por financiamiento universitario
NewsITe
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una queja presentada por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras partes contra el Estado, en torno al financiamiento de las universidades nacionales y la aplicación del Decreto 759/25.
En una resolución fechada este jueves en Buenos Aires, el máximo tribunal concluyó que el recurso extraordinario que dio origen a la queja no se dirigía contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal, requisito indispensable para su tratamiento conforme al artículo 14 de la Ley 48. De este modo, la Corte desestimó la presentación del Gobierno y mantuvo en pie lo resuelto por las instancias inferiores.
La causa se enmarca en la fuerte tensión entre las casas de estudio y el Poder Ejecutivo por la actualización del presupuesto universitario, tema que generó marchas multitudinarias y reclamos institucionales del sistema público de educación superior. El CIN, que nuclea a rectores de universidades nacionales, encabezó la acción judicial cuestionando los alcances del decreto y sus efectos sobre el financiamiento del sector.
Además de rechazar la queja, la Corte denegó un pedido de excusación formulado en el expediente y remitió a lo decidido el 4 de junio de 2026 en un incidente de recusación con causa vinculado a la misma controversia. Con esta decisión, el tribunal ratificó su criterio sobre la inexistencia de un pronunciamiento definitivo que habilite la vía extraordinaria.
En la resolución, el máximo tribunal también intimó al recurrente a efectuar, en el ejercicio financiero correspondiente, el depósito previsto en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuyo pago se encontraba diferido según lo dispuesto por la Acordada 47/91. Esa exigencia es habitual en los planteos que llegan por la vía de la queja ante la Corte.
Origen del expediente y alcance institucional
La presentación del Poder Ejecutivo fue realizada a través del Ministerio de Capital Humano, por medio de la Secretaría de Educación, en su carácter de parte demandada en la causa. El expediente se inició en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11 y posteriormente fue revisado por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Si bien la Corte no se pronunció en esta oportunidad sobre el fondo del debate en torno al financiamiento universitario, la decisión supone un nuevo capítulo en la disputa institucional entre el Gobierno y el sistema universitario. Para las casas de estudio, el caso es clave porque busca garantizar la previsibilidad presupuestaria y el normal funcionamiento académico y científico en todo el país.
- El Consejo Interuniversitario Nacional encabeza el reclamo por mayor financiamiento.
- El rechazo de la queja se funda en la falta de una sentencia definitiva apelable por la vía extraordinaria.
La Corte Suprema reiteró que la queja del Poder Ejecutivo no cumplía con el requisito de dirigirse contra una sentencia definitiva o equiparable, tal como exige la Ley 48.
Mientras el expediente continúa su curso en la Justicia contencioso administrativa, el conflicto por el financiamiento universitario sigue siendo uno de los principales focos de tensión política y social en la agenda nacional.
