La Corte Suprema confirmó penas por peculado a exfuncionarios rionegrinos
NewsITe
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas por peculado contra ocho exfuncionarios del gobierno de Río Negro, involucrados en un esquema de sobresueldos y pagos por fuera de los mecanismos formales del Estado provincial. La resolución, firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, marca un nuevo capítulo en causas por corrupción administrativa en el país.
El máximo tribunal rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas al considerar que no lograron rebatir de manera adecuada “todos y cada uno” de los fundamentos de la sentencia que había sido dictada en instancias anteriores. De este modo, las penas impuestas por la justicia rionegrina quedaron definitivamente firmes y los condenados ya no tienen margen para revertir el fallo en el ámbito interno.
Entre los exfuncionarios alcanzados por la decisión se encuentran César Barbeito, exministro de Coordinación, y Francisco González, exsecretario General de la Gobernación, quienes recibieron condenas de tres años y medio de prisión. Además, la Corte confirmó las penas de dos años y medio para los exministros Omar Contreras, Cristina Uría, Juan Accatino, Alfredo Pega y Diego Larreguy, junto con el extesorero provincial José Ongaro.
La causa se originó en el pago de adicionales y suplementos durante las gestiones del exgobernador Miguel Saiz. De acuerdo con la investigación, se utilizó un decreto provincial que habilitaba a determinados funcionarios a retirar fondos en una entidad bancaria para luego distribuirlos entre autoridades y agentes del Estado. Parte de esos recursos se destinaban a suplementos por “dedicación exclusiva” y otros conceptos, pero por fuera de los canales habituales de liquidación salarial.
Un sistema de pagos paralelos y sin control administrativo
El expediente de elevación a juicio reveló que el mecanismo se apoyaba en la emisión de cheques a nombre de funcionarios específicos, que eran cobrados por ventanilla en el banco. Ese procedimiento tenía como consecuencia directa que el dinero quedara al margen de los controles administrativos establecidos y no se registrara en las liquidaciones formales de haberes de la administración pública rionegrina.
Para los tribunales que intervinieron en el caso, esa operatoria configuró el delito de peculado, es decir, la utilización indebida de fondos públicos por parte de funcionarios encargados de su administración. El juicio oral, realizado en 2018, concluyó con condenas para los acusados. Dos años más tarde, en 2020, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ratificó esas penas, lo que dejó como último recurso la intervención de la Corte Suprema.
- Las condenas van de dos años y medio a tres años y medio de prisión.
- El esquema operó durante las gestiones del exgobernador Miguel Saiz.
- El dinero se retiraba por ventanilla bancaria y quedaba fuera de los controles.
“Los recursos presentados no lograron refutar todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia cuestionada”, sostuvo el máximo tribunal al desestimar las apelaciones.
Con esta decisión, la Corte Suprema cierra la vía judicial interna y consolida un antecedente relevante en materia de responsabilidad penal de funcionarios por el manejo de fondos públicos. El caso vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de fortalecer los sistemas de control y transparencia en las provincias, para evitar que mecanismos informales de pago se conviertan en canales de desvío de recursos estatales.
