La Corte Suprema confirmó la pena por favorecer a un jefe narco
NewsITe
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a cinco años de prisión contra el exjuez federal de Orán, Raúl Reynoso, al rechazar un recurso de queja presentado por su defensa. El magistrado había sido encontrado culpable de beneficiar al poderoso narco salteño Delfín Reynaldo Castedo, conocido como “El Patrón del Norte”, a cambio de dinero y resoluciones contrarias a derecho.
Con el voto de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal convalidó el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, que en su momento condenó a Reynoso por los delitos de cohecho pasivo, falsedad ideológica de documento público y concusión. Además de la pena de prisión, se le impuso una multa de 90.000 pesos y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos durante el tiempo de la condena.
De acuerdo con la investigación, Reynoso aprovechó su lugar al frente del Juzgado Federal de Orán para recibir dinero de Castedo y de su entorno, con el fin de dictar resoluciones favorables que le permitieran al capo narco eludir la cárcel y continuar con sus actividades ilícitas. Una de las maniobras más controvertidas fue la concesión de exenciones y excarcelaciones, pese a la gravedad de las acusaciones que pesaban sobre él.
En febrero de 2007, el entonces juez imputó a Castedo por asociación ilícita y lavado de activos, ordenó su detención y lo citó a indagatoria. Sin embargo, en mayo de 2008 el prófugo se presentó a través de su defensa y solicitó la excarcelación, que le fue otorgada al mes siguiente con el argumento de que estaba “a derecho” por haber hecho ese pedido. Para la fiscalía, ese fue el primer acto claro de prevaricato y el propio Castedo reconoció haber pagado por ese beneficio.
Irregularidades en la causa y beneficios reiterados
La pesquisa también detectó graves inconsistencias en una supuesta indagatoria realizada en 2013. Documentos del expediente acreditaban que Castedo había declarado ante el juzgado, pero luego un peritaje determinó que la firma no le pertenecía. El narco negó haber estado presente en esa instancia. A partir de esa dudosa declaración, Reynoso le otorgó una nueva exención de prisión.
Para 2014, cuando Castedo ya figuraba entre los delincuentes más buscados del país y llevaba ocho años prófugo, el exjuez volvió a tomar una decisión polémica: lo procesó por la autoría intelectual del brutal crimen de Liliana Ledesma en Salvador Mazza, pero sin dictar prisión preventiva. Según la fiscalía, todos estos beneficios fueron comprados y no tienen otra explicación razonable que la corrupción en el juzgado.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta también condenó a dos años y seis meses de prisión a Luciano Ciscato, abogado de Castedo, por su participación en el esquema delictivo. En junio de 2025, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas, lo que dejó a la defensa de Reynoso con la única opción de recurrir a la Corte.
La Corte Suprema desestimó el planteo de la defensa del exjuez por “falta de fundamentación autónoma”, ratificando así la responsabilidad penal de Reynoso y cerrando la vía recursiva.
Con esta decisión, el máximo tribunal envía una señal de respaldo a las investigaciones sobre corrupción judicial vinculada al narcotráfico, en una provincia clave del norte argentino para el ingreso de drogas al país. El caso Reynoso se considera uno de los expedientes emblemáticos sobre cómo el poder de los narcos puede penetrar en estructuras institucionales cuando fallan los controles.
