La Corte Suprema ratificó la responsabilidad penal del subcomisario
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a cuatro años de prisión contra el subcomisario de la Policía Federal Argentina Eduardo Javier Casas Rusch, encontrado culpable de abuso sexual agravado contra una subalterna, además de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de otra agente.
El máximo tribunal declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa oficial del imputado y, de este modo, confirmó la resolución de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que ya había ratificado el fallo dictado por el Tribunal Oral Federal de Mendoza.
Los hechos ocurrieron entre fines de 2019 y octubre de 2021 en dependencias de la Policía Federal en Mendoza, específicamente en la División Unidad Operativa Federal Mendoza y en la Secretaría Previsional ubicada en la calle San Juan al 200, en la capital provincial. De acuerdo con la acusación fiscal, Casas Rusch abusó sexualmente, acosó y hostigó de manera reiterada a una agente que se encontraba bajo su mando directo.
La investigación judicial también estableció que el entonces subcomisario ejerció violencia de género contra otra integrante de la misma división, quien se desempeñaba en la guardia interna. El maltrato, el hostigamiento y la discriminación por motivos de género se profundizaron a partir de 2020, cuando la mujer fue designada jefa de servicio, lo que evidenció el uso de su posición jerárquica para someter y disciplinar a sus subordinadas.
Violencia de género en instituciones de seguridad
La fiscalía sostuvo que las agresiones ocurrieron en un contexto de relación desigual de poder, típico de los ámbitos jerárquicos como las fuerzas de seguridad. Según la acusación, ese desequilibrio permitió que el subcomisario utilizara su cargo para intimidar, controlar y silenciosamente perpetuar el hostigamiento, afectando de forma directa la vida cotidiana y el desarrollo profesional de las víctimas.
El tribunal valoró no sólo los testimonios de las agentes involucradas, sino también la prueba documental y pericial que dio cuenta del impacto de los hechos en la salud física, psicológica y emocional de las mujeres. Entre otros aspectos, se ponderó el temor a represalias dentro de la fuerza, la afectación de la dignidad personal y el clima laboral hostil que se generó en la dependencia.
Un fallo que refuerza la responsabilidad del Estado
- La condena incluye una reparación económica: Casas Rusch deberá indemnizar a las víctimas por el daño sufrido.
- El caso se inscribe en una línea jurisprudencial que exige a las fuerzas de seguridad adoptar políticas activas de prevención y sanción de la violencia de género.
Para los tribunales intervinientes, el comportamiento del subcomisario vulneró no sólo los derechos de las agentes, sino también las obligaciones del Estado de garantizar un ámbito laboral libre de violencia y discriminación.
Con la decisión de la Corte Suprema, el fallo queda firme y consolida un precedente relevante en materia de responsabilidad penal y disciplinaria de los mandos policiales frente a situaciones de abuso y violencia de género dentro de las fuerzas de seguridad federales.
