La Corte Suprema impulsa un nuevo protocolo médico para detenidos
NewsITe
La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó la elaboración de un nuevo protocolo médico para evaluar las condiciones de salud de las personas detenidas en el sistema penitenciario federal. La medida abre un fuerte debate, ya que podría impactar de manera directa en la situación de represores condenados por delitos de lesa humanidad que hoy permanecen en cárceles comunes.
La decisión quedó plasmada en la Acordada 21/2026, firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Allí se encomienda al Cuerpo Médico Forense la redacción de un “Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados”, con el fin de unificar criterios y brindar herramientas técnicas a los magistrados.
Según la resolución, el objetivo central es “sistematizar los criterios” para que los jueces cuenten con “mejores elementos de juicio al momento de decidir acerca de la procedencia de una prisión domiciliaria por razones de salud”. En los hechos, el instrumento podría ser utilizado por defensas de represores para reforzar pedidos de morigeración de pena y traslado a domicilios particulares bajo distintos regímenes de control.
Cómo será el protocolo y a quiénes podría beneficiar
El texto ordena que el protocolo incluya, para cada persona detenida, un examen médico general y una evaluación de las condiciones concretas de detención, así como de las posibilidades de recibir tratamiento dentro del mismo establecimiento penitenciario. Es decir, no solo se analizará la patología del interno, sino también si el penal cuenta con recursos suficientes para su atención adecuada.
En la acordada, la Corte recuerda el mandato de la Constitución Nacional, que dispone que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”. Bajo ese paraguas, el Máximo Tribunal sostiene que asegurar condiciones dignas de detención y atención médica forma parte de las obligaciones del Estado argentino.
De acuerdo con datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, actualmente hay 519 personas investigadas en causas por delitos de lesa humanidad. De ellas, 440 ya cumplen arresto domiciliario, 18 permanecen alojadas en el servicio penitenciario y 61 se encuentran en la Unidad Penitenciaria N.º 34 de Campo de Mayo, un establecimiento especialmente destinado a este tipo de detenidos de avanzada edad o con patologías.
Represores aún presos y el impacto político de la medida
Entre los nombres más notorios que todavía siguen en cárceles comunes se encuentran Alfredo Astiz, conocido como el “Ángel de la Muerte”, el ex marino Jorge Eduardo “El Tigre” Acosta y el ex capellán policial Christian Federico von Wernich, todos condenados por crímenes cometidos durante la última dictadura militar.
- La acordada no modifica de manera directa las penas ni los requisitos legales de la prisión domiciliaria, pero establece una guía médica uniforme.
- Organismos de derechos humanos ya anticipan que seguirán de cerca la implementación del protocolo y su posible uso en favor de condenados por delitos de lesa humanidad.
La Corte enfatizó que el protocolo busca garantizar criterios médicos claros para evaluar el estado de salud de los internos y las condiciones efectivas de atención dentro de las cárceles, a la luz de los estándares constitucionales y de derechos humanos.
En los próximos meses, el Cuerpo Médico Forense deberá presentar la versión definitiva del protocolo, que luego será aplicado por los tribunales federales y nacionales. Su puesta en marcha podría reactivar pedidos de prisión domiciliaria, especialmente en causas de terrorismo de Estado, en un terreno donde se cruzan la discusión jurídica, el acceso a la salud en contexto de encierro y las demandas históricas de memoria, verdad y justicia.
