La Corte habilitó la entrega de un empresario y su esposa a Brasil
NewsITe
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la extradición a Brasil de Diego Hernán Dirisio y de su esposa, Julieta Vanesa Nardi Aranda, ambos detenidos en Córdoba y señalados como parte de una organización dedicada al tráfico internacional de armas y al lavado de dinero. La resolución dejó en manos del Poder Ejecutivo la decisión final sobre la entrega, tal como establece el procedimiento de extradición en la Argentina.
Los jueces del máximo tribunal analizaron los recursos presentados por las defensas y el dictamen de la Procuración General antes de convalidar el fallo que autorizó la extradición. De esta manera, se despejó el camino para que las autoridades brasileñas puedan juzgar a la pareja en el marco de una megacausa que investiga el desvío de armas hacia poderosas organizaciones criminales.
La investigación en Brasil, conocida como operación “Dakovo”, sostiene que Dirisio habría montado un esquema de importación legal de armamento desde países europeos y Turquía hacia Paraguay, pero que una parte sustancial de ese arsenal habría sido desviada hacia facciones criminales como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho, consideradas entre las bandas más violentas y poderosas de la región.
De acuerdo con la pesquisa, el empresario habría importado armamento por más de 230 millones de dólares. Las armas eran adquiridas en Croacia, Turquía, República Checa y Eslovenia, ingresaban con documentación regular a Paraguay y luego eran trasladadas en forma clandestina a Brasil. Antes de cruzar la frontera, eran acondicionadas en depósitos de Ciudad del Este, donde se habrían borrado los números de serie para dificultar su rastreo.
Los investigadores estiman que, desde 2012, la firma vinculada a Dirisio habría incorporado al circuito comercial unas 25.000 armas de fuego. En los papeles figuraban como destinadas al mercado paraguayo, pero una porción relevante habría terminado en manos de organizaciones criminales brasileñas, alimentando el mercado ilegal de armamento pesado utilizado en ajustes de cuentas, robos organizados y disputas territoriales.
La causa también describe una sofisticada estructura financiera para ocultar el origen y el destino de los fondos. Los pagos por las armas habrían sido canalizados a través de una red de cambistas informales que operaban entre Paraguay y Estados Unidos, con el objetivo de girar dinero hacia Europa sin dejar rastros bancarios tradicionales, en una maniobra típica de lavado de activos transnacional.
La Justicia brasileña libró las órdenes de captura contra Dirisio y Nardi en noviembre de 2023. La pareja permaneció prófuga hasta febrero de 2024, cuando fue localizada y detenida por Interpol en la provincia de Córdoba. Desde entonces, se activaron los pedidos formales de extradición y comenzó el trámite judicial en la Argentina.
En paralelo, en enero de 2026 un juzgado federal de Córdoba otorgó a Dirisio la libertad bajo caución, fijando una fianza de 10 millones de pesos y la prohibición de salir del país mientras avanzaba el proceso. Con la decisión de la Corte Suprema, el expediente pasa ahora a la órbita del Poder Ejecutivo, que deberá definir los pasos a seguir frente a un caso que vuelve a poner bajo la lupa las rutas de tráfico de armas en la región y la cooperación judicial entre países del Mercosur.
Un caso que exhibe la trama del tráfico regional de armas
- Investigación “Dakovo” en Brasil sobre desvío de armas desde Paraguay.
- Nexo con organizaciones criminales como el PCC y el Comando Vermelho.
- Más de 230 millones de dólares en importaciones de armamento bajo sospecha.
- Alrededor de 25.000 armas habrían sido incorporadas al circuito ilegal.
- Red de cambistas informales para mover fondos entre Paraguay, EE.UU. y Europa.
La confirmación de la extradición por parte de la Corte Suprema refuerza la cooperación judicial con Brasil en materia de crimen organizado y tráfico de armas, dos fenómenos que impactan de lleno en la seguridad regional.
Con el desenlace del trámite de extradición aún en manos del Poder Ejecutivo, el caso de Dirisio y Nardi se perfila como un antecedente clave en la persecución del tráfico ilícito de armas en Sudamérica, un negocio que alimenta la violencia urbana y fortalece a las organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera.
