La oposición cuestiona los créditos hipotecarios a funcionarios
NewsITe
La diputada nacional Mónica Frade, referente de la Coalición Cívica, denunció públicamente la existencia de presuntos privilegios y tráfico de influencias en la asignación de créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios y legisladores oficialistas. La presentación judicial apunta a determinar si hubo trato preferencial y si se vulneraron los criterios de transparencia y equidad en el acceso a estos préstamos.
En declaraciones radiales, Frade calificó como “depravado desde lo ético” que dirigentes del propio Gobierno accedieran a montos millonarios en condiciones que, según ella, no están disponibles para la mayoría de los argentinos. La diputada planteó que este caso desnuda una contradicción entre el discurso oficial contra los privilegios de la “casta” y las prácticas concretas dentro del aparato estatal.
La legisladora explicó que la denuncia ya fue presentada en sede judicial y que el objetivo central es que se revisen en detalle las carpetas crediticias de los beneficiarios. Entre los puntos a esclarecer se encuentran los plazos en que se otorgaron los préstamos, las garantías presentadas, los requisitos exigidos y las actas de directorio donde se habrían aprobado estas operaciones. Para la Coalición Cívica, se trata de determinar si hubo un circuito informal de favores dentro del Banco Nación.
Frade también apuntó al ministro de Economía, Luis Caputo, quien reconoció públicamente que alentó a sus funcionarios a tomar estos créditos y definió a los préstamos hipotecarios como “la mayor justicia social”. La diputada contrastó esa postura con la frase del presidente Javier Milei, quien sostiene que “la justicia social es un robo”, y consideró que estas diferencias evidencian tensiones internas y un doble estándar en el relato oficial.
Foco en posibles casos de tráfico de influencias
Uno de los casos mencionados por la parlamentaria es el de Sarif Menem, sobrino del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. De acuerdo con la información difundida, el joven, de 24 años y con un cargo político en el Congreso, habría accedido a un crédito hipotecario por 357 millones de pesos mientras percibía un salario cercano a los dos millones mensuales. Para la denunciante, este ejemplo grafica la presunta discrecionalidad en la definición de beneficiarios.
La Coalición Cívica busca que la Justicia determine si existió tráfico de influencias entre los solicitantes de los créditos y las autoridades encargadas de aprobarlos. En esa línea, reclama que se transparenten los criterios utilizados, se publiquen los listados de beneficiarios y se informe si hubo funcionarios o allegados al poder con prioridad frente a otros ciudadanos que también intentaron acceder al programa.
- Revisión integral de las carpetas crediticias del Banco Nación.
- Identificación de eventuales beneficiarios con cargos políticos o vínculos con el oficialismo.
- Análisis de garantías, plazos y condiciones de otorgamiento de los préstamos.
- Publicación de actas de directorio donde se aprobaron los créditos cuestionados.
“Que se revisen todas las carpetas crediticias, porque de ahí surgirá en qué tiempo se otorgaron, cuáles fueron las garantías y los requisitos que se pidieron”, reclamó Mónica Frade al fundamentar su denuncia.
El caso reaviva el debate sobre el rol de la banca pública y la necesidad de controles más estrictos para evitar que los instrumentos de crédito, diseñados para facilitar el acceso a la vivienda, se conviertan en herramientas de privilegio político. En las próximas semanas, será la Justicia la que deberá determinar si existió o no responsabilidad penal por parte de funcionarios y directivos involucrados en la operatoria del Banco Nación.
