La Ciudad irá a la Justicia para sostener la recuperación de propiedades
NewsITe
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que apelará la medida cautelar dictada por el juez Roberto Gallardo, que suspendió los desalojos, clausuras y tapiados de inmuebles ocupados. La decisión judicial reabrió el conflicto en torno a la política de recuperación de propiedades impulsada por la administración de Jorge Macri.
La resolución del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario ordenó al Ejecutivo porteño abstenerse de avanzar con desalojos en viviendas donde se detecten riesgos edilicios sin garantizar previamente condiciones técnicas, sociales y habitacionales adecuadas para las personas que las ocupan. El fallo se dio en el marco de la causa “De Morais, Oscar Antonio y otros contra GCBA sobre Amparo – Habitacionales”.
El expediente se originó tras el tapiado de un inmueble ubicado en la avenida Montes de Oca al 1700, pero luego fue ampliado con carácter colectivo. La acción fue impulsada por la Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad y por los legisladores porteños Victoria Freire y Alejandro “Pitu” Salvatierra, quienes cuestionan el modo en que se llevan adelante los operativos de la Ciudad.
Qué objeta el gobierno porteño
Desde el Ejecutivo de la Ciudad sostienen que los procedimientos de recuperación de inmuebles ocupados involucran a distintas áreas del Estado local. La Policía de la Ciudad interviene en los operativos, mientras que la Guardia de Auxilio certifica las condiciones edilicias. A su vez, la Red de Atención y el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes abordan la situación social y habitacional de las familias afectadas.
Jorge Macri cuestionó públicamente el fallo y ratificó que la apelación buscará sostener la política de restitución de propiedades a sus dueños. “Si especulan que con este fallo absurdo van a frenar la política de recuperación de propiedades, les aviso que no entendieron nada y están mirando otra película. Ley y orden”, lanzó el jefe de Gobierno, marcando el tono del conflicto con el Poder Judicial.
Antecedentes y alcance de la política de desalojos
El enfrentamiento judicial tiene antecedentes recientes. En abril, un operativo en cinco PH del barrio de Villa Mitre —ubicados en las calles San Blas 1972 y Andrés Lamas 2097— derivó en un fuerte cruce político. Según la Ciudad, esas viviendas estaban ocupadas desde el año 2000. Durante el procedimiento, se produjeron cuatro detenciones y los inmuebles fueron restituidos a su propietario.
La ocupación estaba liderada por Diego Molina, condenado en 2021 por profanación de cadáver humano tras la difusión de imágenes del cuerpo de Diego Maradona. Ese operativo fue presentado por el gobierno porteño como un hito: se trató del inmueble recuperado número 700 desde el inicio de la gestión de Jorge Macri.
Más de 840 inmuebles recuperados, en medio de la polémica
- Desde el inicio de la actual gestión se contabilizan más de 700 propiedades recuperadas.
- De acuerdo con datos oficiales, la cifra ya supera las 840 viviendas e inmuebles restituidos.
- Organizaciones sociales y legisladores opositores cuestionan la falta de alternativas habitacionales.
- El fallo de Gallardo exige garantizar condiciones dignas antes de concretar cualquier desalojo.
“Vamos a seguir recuperando propiedades. Ley, orden y propiedad privada”, remarcó Jorge Macri, mientras la Ciudad prepara la apelación de la medida cautelar.
La resolución que suspendió los operativos abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el acceso a la vivienda, la ocupación de inmuebles y los límites de la intervención estatal. La definición de la Justicia en la instancia de apelación será clave para el futuro de la política de desalojos y para cientos de familias que hoy viven en inmuebles en conflicto.
