La Ciudad crea un mecanismo para intervenir antes de despidos masivos
NewsITe
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un nuevo procedimiento para anticipar y encauzar crisis laborales en el sector privado, con el objetivo de evitar que las dificultades económicas, productivas o tecnológicas deriven directamente en despidos o suspensiones masivas.
La medida se formalizó a través de la Resolución N.º 928/SECTE/26, en el marco de los Procedimientos Preventivos de Crisis previstos por la Ley Nacional de Empleo. Con esta herramienta, la administración porteña busca generar ámbitos institucionales de diálogo entre empresas, trabajadores y sindicatos antes de que los conflictos se agraven.
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“La decisión de Jorge Macri es muy clara: cuando el Estado tiene herramientas para anticiparse a un problema, no puede quedarse de brazos cruzados. Queremos intervenir antes de que una crisis se convierta en despidos y trabajar para encontrar alternativas que permitan preservar el empleo”, señaló el subsecretario de Trabajo y Empleo de la Ciudad, Horacio Bueno.
Cómo funcionará el nuevo procedimiento de crisis
El mecanismo podrá activarse a pedido del empleador, de la asociación sindical con personería gremial o de oficio por parte de la Secretaría de Trabajo y Empleo, siempre que existan elementos objetivos que hagan prever posibles despidos o suspensiones. De este modo, se busca otorgar un marco formal de negociación previo a la toma de decisiones drásticas.
La presentación deberá realizarse a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) e incluir un detalle de la situación de la empresa, la cantidad de trabajadores potencialmente afectados, documentación económica, financiera, contable y laboral, además de las medidas que se evalúan adoptar para enfrentar la coyuntura.
Una vez ingresado el trámite, la autoridad laboral contará con 48 horas para verificar la admisibilidad del pedido y deberá convocar a una primera audiencia dentro de los cinco días hábiles siguientes. En ese ámbito se expondrán las problemáticas planteadas y se evaluarán alternativas para resguardar tanto el empleo como la continuidad de la actividad productiva.
Instancias de negociación y límites para las empresas
Si en la primera audiencia no se alcanzara un acuerdo, se abrirá un período de negociación de diez días, durante el cual la autoridad laboral podrá promover nuevas instancias de conciliación, requerir información adicional a las partes y formular propuestas orientadas a sostener los puestos de trabajo y la paz social.
Durante todo ese lapso, el empleador no podrá ejecutar las medidas proyectadas —como despidos o suspensiones— mientras el procedimiento preventivo se mantenga vigente. El objetivo central es ganar tiempo para analizar alternativas que vayan desde reorganizaciones internas hasta acuerdos escalonados o programas de capacitación y reconversión laboral.
“Muchas veces una crisis no significa que una empresa haya dejado de ser viable. Puede necesitar adaptarse a una transformación tecnológica, a una nueva forma de producir o a un cambio en el mercado. Nuestro objetivo es sentar a las partes en una mesa y buscar soluciones antes de que la única respuesta sea despedir trabajadores”, remarcó Bueno.
Transformación del mundo del trabajo y rol del Estado
Desde la Secretaría de Trabajo y Empleo destacan que la medida se inscribe en un contexto de fuerte transformación del mercado laboral, marcado por la incorporación de nuevas tecnologías, la digitalización de procesos y cambios en los modelos de negocio. En ese escenario, el desafío es que la modernización se articule con políticas de capacitación, inversión y diálogo social.
- Prevención de despidos y suspensiones mediante intervención temprana.
- Participación de empresas, sindicatos y Estado en una misma mesa de negociación.
- Uso de la plataforma TAD para agilizar la presentación y el seguimiento de los casos.
- Resguardo de la paz social y búsqueda de soluciones consensuadas.
“Cuidar el empleo es cuidar uno de los principales activos que tiene la Ciudad. Llegar cuando el conflicto ya estalló limita las soluciones; nosotros queremos anticiparnos, facilitar el diálogo y actuar a tiempo”, concluyó Horacio Bueno.
Con este nuevo esquema, la Ciudad de Buenos Aires apuesta a consolidar una política pública de anticipación de conflictos laborales, intentando equilibrar la necesidad de adaptación de las empresas con la protección de los derechos de las y los trabajadores.
