La magistrada de Nueva York dejó sin efecto la condena que había impuesto a la Argentina y cerró el expediente en primera instancia, en cumplimiento del fallo favorable al país dictado por la Cámara de Apelaciones. Burford Capital intenta ahora que la Corte Suprema estadounidense revise esa decisión y reactive un reclamo que había superado los USD 16.000 millones.
La disputa judicial por la expropiación de YPF ingresó en una nueva etapa en Estados Unidos. La jueza federal Loretta Preska cerró formalmente el expediente que tramitaba en su juzgado de Nueva York y dejó sin efecto la sentencia con la que en 2023 había condenado a la Argentina a pagar más de USD 16.000 millones. El movimiento no representa una nueva decisión sobre el fondo del litigio, sino la consecuencia procesal del fallo que en marzo pasado favoreció al Estado argentino.
Preska cumplió de ese modo con lo resuelto el 27 de marzo por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que revirtió su sentencia. Los jueces Denny Chin y Beth Robinson conformaron la mayoría que benefició al país, mientras José Cabranes votó en disidencia. El tribunal de segunda instancia cuestionó la interpretación del derecho argentino que había sustentado la condena original.
La resolución termina con la intervención de Preska en esta etapa del juicio, pero no implica que la controversia haya quedado definitivamente terminada. Burford Capital, que adquirió los derechos económicos vinculados al reclamo, presentó a comienzos de octubre un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar revertir el fallo de segunda instancia.
Fuentes de la Procuración del Tesoro citadas por Infobae explicaron que el cierre dispuesto por Preska era un paso procesal esperado por el Gobierno argentino. La cuestión central se trasladó ahora hacia Washington, donde el máximo tribunal estadounidense deberá resolver primero si acepta analizar el planteo de los demandantes.
De una condena multimillonaria a un fallo favorable para la Argentina
El conflicto se originó en la expropiación del 51% de las acciones de YPF realizada en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park reclamaron posteriormente contra el Estado argentino al considerar que el procedimiento incumplió disposiciones del estatuto de la petrolera relacionadas con los accionistas minoritarios. Burford Capital financió el litigio y adquirió derechos sobre los eventuales beneficios de la demanda.
Preska falló contra la Argentina en 2023 y estableció una indemnización superior a los USD 16.100 millones. Con el correr del tiempo y la acumulación de intereses, la exposición económica llegó a superar los USD 18.000 millones, lo que convirtió al proceso en uno de los litigios internacionales de mayor impacto financiero afrontados por el país.
El escenario cambió el 27 de marzo de 2026. La Cámara del Segundo Circuito anuló la condena y consideró que el tribunal de primera instancia había aplicado incorrectamente normas del derecho argentino. Entre otros puntos, la instancia de apelación interpretó que la legislación nacional sobre expropiaciones impedía estructurar el reclamo del modo planteado por los demandantes y rechazó que las disposiciones societarias invocadas habilitaran la indemnización concedida originalmente.
Burford intentó posteriormente que el pleno del Segundo Circuito revisara la sentencia. Esa vía tampoco prosperó y en junio el tribunal rechazó el pedido, por lo que la posibilidad de acudir ante la Corte Suprema estadounidense quedó como la última alternativa dentro de ese sistema judicial para recuperar el fallo favorable conseguido ante Preska.
El fondo finalmente avanzó con esa presentación a comienzos de octubre. Su objetivo es que la Corte acepte revisar la interpretación realizada por la Cámara y, eventualmente, vuelva a poner en discusión la responsabilidad económica de la Argentina por la estatización de YPF.
La Corte Suprema no está obligada a analizar el reclamo
La presentación de Burford no significa que el máximo tribunal estadounidense vaya a intervenir necesariamente. El fondo solicitó un certiorari, el mecanismo procesal que permite pedirle a la Corte Suprema que tome un expediente resuelto por instancias inferiores. Los jueces conservan, sin embargo, amplias facultades para seleccionar qué casos revisan.
De acuerdo con información consignada por Infobae, la Corte recibe miles de solicitudes de este tipo durante cada período judicial y admite solamente una proporción reducida. Tampoco existe un plazo determinado para que los magistrados comuniquen si aceptarán o rechazarán el pedido relacionado con YPF.
Si el tribunal rechaza el recurso, quedará firme en Estados Unidos la sentencia de la Cámara del Segundo Circuito que eliminó la condena multimillonaria dictada contra la Argentina. Si decide tomarlo, en cambio, se abrirá una nueva instancia para discutir los argumentos jurídicos que llevaron a anular aquel fallo.
El Gobierno nacional ya trabaja sobre ese posible escenario. La Procuración del Tesoro señaló que la estrategia judicial contemplaba desde marzo la posibilidad de que los demandantes recurrieran hasta la máxima instancia estadounidense y confirmó que continuará representando al Estado en caso de que la Corte habil
