La Provincia denuncia un fuerte desfinanciamiento nacional
NewsITe
El gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a elevar el tono contra la Casa Rosada. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, detalló que, según los cálculos de la administración de Axel Kicillof, la Nación mantiene con el distrito una deuda de $19,1 billones, monto que se eleva a $28,4 billones si se suma el impacto del recorte de transferencias y la caída de la recaudación en el contexto de recesión.
En conferencia de prensa, Bianco sostuvo que la cifra de $28,4 billones implica “poco más del 50%” del presupuesto anual bonaerense, que ronda los $44 billones. “El desfinanciamiento generado por el gobierno de Javier Milei desde que llegó al poder asciende a 28,4 billones de pesos”, afirmó, al reclamar la regularización de giros, convenios y programas nacionales que, según la Provincia, quedaron truncos o demorados.
Al desglosar los montos, el funcionario indicó que el componente más voluminoso corresponde a obras públicas paralizadas, programas habitacionales y proyectos de infraestructura. Allí se computan $10,1 billones, que incluyen 108 obras suspendidas, demoras en el programa Procrear y en iniciativas como Casa Propia, además de retrasos en la construcción de infraestructura carcelaria para unas 12 mil nuevas plazas.
Ese paquete también abarca convenios frenados para realizar unas 30 obras en universidades nacionales con sede en territorio bonaerense, así como alrededor de 40 proyectos vinculados con Cultura y Educación. Desde La Plata advierten que, además del impacto económico, la interrupción de estas obras genera perjuicios sociales y laborales en distintos municipios del conurbano y del interior.
Deudas directas y programas nacionales afectados
El segundo bloque de reclamos está integrado por deudas directas por $4,7 billones. En este rubro, la Provincia señala principalmente atrasos en las transferencias de la Anses a la caja previsional bonaerense, por unos $2,8 billones. También figuran compensaciones pendientes por el Consenso Fiscal (alrededor de $1,3 billones), pagos adeudados del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), partidas del Fondo de Fortalecimiento Fiscal y recursos para la aplicación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva.
Bianco enumeró además convenios de asistencia financiera vigentes hasta 2023 que, según dijo, quedaron incumplidos por parte de la Nación, por unos $76 mil millones, y proyectos de infraestructura portuaria por $21.177 millones. Todos esos conceptos forman parte de la cuenta que la administración provincial le atribuye al gobierno nacional.
El tercer grupo suma alrededor de $4,3 billones y reúne atrasos en el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, nuevas demoras en el Fonid, retrasos en la compra de alimentos para comedores, en el Fondo de compensación del transporte automotor y en programas destinados a mujeres víctimas de violencia de género, entre otros ítems sociales.
Impacto del recorte de recursos y la recesión
A los montos por deudas y programas interrumpidos, la Provincia agrega dos factores que, según su visión, agravan el panorama financiero. Por un lado, la disminución de recursos de origen nacional, que Bianco estimó en alrededor de $5,9 billones. Por otro, la caída en la recaudación propia vinculada a la recesión económica, que calculó en unos $3,4 billones.
Desde el gobierno bonaerense sostienen que la combinación de todos estos conceptos configura un escenario de fuerte desfinanciamiento que condiciona la capacidad de la Provincia para sostener políticas de infraestructura, educación, salud y asistencia social. En paralelo, la Casa Rosada defiende el ajuste del gasto como parte del programa de equilibrio fiscal y, hasta el momento, no reconoció públicamente las cifras que difunde la administración de Kicillof.
“El desfinanciamiento generado por el gobierno de Javier Milei desde que llegó al poder asciende a 28,4 billones de pesos. Es más de la mitad del presupuesto anual bonaerense”, enfatizó Carlos Bianco.
Mientras crece la tensión entre Nación y Provincia por el reparto de fondos, los municipios y distintos sectores productivos observan con preocupación la paralización de obras y el freno de programas clave, a la espera de una eventual instancia de negociación política o judicial que destrabe el conflicto.
