El Gobierno argentino solicitó extender hasta el 21 de noviembre el plazo para remitir la información requerida en el juicio por la expropiación de YPF

El Gobierno argentino pidió a la jueza estadounidense Loretta Preska una prórroga hasta el 21 de noviembre para entregar la información solicitada sobre los chats y comunicaciones electrónicas de 35 funcionarios y exfuncionarios. Todo esto en el marco de la causa que busca determinar si existió coordinación estatal en el manejo de YPF.
“La audiencia ya se había corrido para el 4 de noviembre. Lo que nosotros hicimos fue presentar una solicitud para que se extienda ese deadline hasta el 21 de noviembre, que puede suceder o no”, indicaron fuentes oficiales.
Cooperación y alcance del pedido
Desde el Ejecutivo afirmaron que la postura argentina es cooperar para obtener el consentimiento de los funcionarios implicados en la entrega de sus comunicaciones. El pedido judicial forma parte del proceso de discovery promovido por el fondo de inversión Burford Capital, beneficiario del fallo por más de US$16.000 millones contra el Estado argentino.
El trasfondo del caso
Burford busca probar que la República Argentina y YPF actuaron como una misma entidad, bajo la figura legal conocida como alter ego. La sentencia original condenó al Estado argentino a pagar la indemnización, pero eximió a YPF de responsabilidad.
Si se confirma el alter ego, los demandantes podrían solicitar el embargo de activos de la petrolera y de otras empresas públicas como el Banco Central, Aerolíneas Argentinas o ENARSA, para garantizar el cumplimiento del fallo.
Qué información exige la Justicia
La orden de Preska incluye la búsqueda de mensajes en plataformas como WhatsApp, correos electrónicos y otras vías de comunicación que puedan evidenciar directivas, decisiones sobre precios de combustibles o intervenciones en la gestión de YPF a favor del Estado.
El material solicitado apunta a determinar si los funcionarios actuaron desde sus cargos oficiales en beneficio del Gobierno y no como parte de una sociedad anónima independiente, lo que podría modificar sustancialmente el alcance del fallo.

