Suspendieron a un juez de San Isidro acusado de acoso sexual y le embargaron el 40% del sueldo

El Jurado de Enjuiciamiento bonaerense admitió por unanimidad la acusación contra Ernesto García Maañón, denunciado por una funcionaria judicial. El magistrado también está acusado de violencia laboral, intimidación y uso indebido de recursos públicos, y podría ser destituido.

El juez Ernesto García Maañón, integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, fue suspendido de sus funciones tras una denuncia por presunto acoso sexual y laboral presentada por una funcionaria que trabajaba bajo sus órdenes. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires también dispuso el embargo del 40% de su sueldo mientras avanza el proceso que podría culminar con su destitución.

La decisión fue adoptada por unanimidad durante una audiencia celebrada el martes 3 de noviembre. Los integrantes del tribunal consideraron que existen elementos suficientes para admitir formalmente la acusación y continuar con el procedimiento disciplinario contra el magistrado, quien ya había sido apartado preventivamente de sus funciones en agosto.

– Publicidad –

El jurado, presidido por Sergio Gabriel Torres, otorgó un plazo de diez días para que las partes presenten las pruebas que utilizarán durante el debate. La próxima instancia será el juicio oral y público, donde se determinará si corresponde destituir al magistrado.

Las denuncias por acoso sexual y violencia laboral

La investigación comenzó a partir de la denuncia de una secretaria letrada de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, identificada por sus iniciales G. B. S. La mujer acusó al juez de haber mantenido conductas de acoso sexual, intimidación y malos tratos durante el desarrollo de sus tareas laborales.

Según su presentación, los episodios comenzaron en febrero de 2025, cuando García Maañón estaba próximo a asumir la presidencia de la Cámara. La funcionaria relató que inicialmente mantenían una relación laboral cordial, pero que posteriormente comenzaron los comentarios sobre su apariencia física, los mensajes de contenido sexual y las invitaciones fuera del horario de trabajo.

Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran más de 150 audios y conversaciones de WhatsApp. En algunos de esos intercambios, el magistrado habría realizado comentarios sobre la vestimenta de la denunciante y enviado mensajes de contenido sexual durante la madrugada.

La mujer también denunció que el juez intentó besarla y realizó tocamientos sin su consentimiento dentro de su despacho. Otro de los episodios investigados ocurrió en junio de 2025, cuando el magistrado presuntamente manipuló un arma de fuego en su oficina y acercó el cañón al rostro de la funcionaria.

Las acusaciones que podrían terminar con su destitución

El expediente también incluye otras acusaciones contra García Maañón. Entre ellas figuran presuntos episodios de violencia laboral, uso indebido de recursos públicos, intimidación de testigos y utilización irregular de su firma digital.

El procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, presentó la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento. Más tarde, el Colegio de Abogados de San Isidro y la funcionaria denunciante realizaron nuevas presentaciones.

En julio de 2025, cuando trascendieron las acusaciones, García Maañón presentó su renuncia. Sin embargo, el gobernador Axel Kicillof no la aceptó y el proceso disciplinario continuó. De esta manera, el magistrado deberá afrontar el juicio que podría terminar con su destitución.

Por su parte, el juez negó las acusaciones y aseguró que los testimonios fueron interpretados fuera de contexto. Su defensa también cuestionó algunas pruebas y pidió cerrar el expediente. No obstante, el jurado rechazó ese planteo y decidió avanzar con el proceso.

La suspensión y el embargo de parte del sueldo no significan que el magistrado sea culpable. Su responsabilidad deberá determinarse durante el juicio. Mientras tanto, el fiscal José Amallo lleva adelante una investigación penal para esclarecer los episodios denunciados por la funcionaria.

- Publicidad -
- Publicidad -
- Publicidad -