Ituzaingó: menos del 50% paga tasas y crece la alarma fiscal

Cae la recaudación y se tensionan las finanzas municipales

Municipio de Ituzaingó y camiones de recolección de residuos

NewsITe

El municipio de Ituzaingó atraviesa un escenario de fuerte estrés financiero. La propia conducción política local reconoció que menos de la mitad de los frentistas está pagando la tasa municipal y que solo el servicio de recolección de residuos demanda alrededor de $1.500 millones por mes, una cifra que presiona sobre unas arcas ya debilitadas.

La admisión fue realizada por el presidente del Concejo Deliberante, Juan Manuel Álvarez Luna, en una entrevista televisiva. El dirigente, alineado con la gestión del intendente Pablo Descalzo, explicó que la cobrabilidad, que históricamente se ubicaba cerca del 70%, cayó por debajo del 50%, lo que obliga a sostener servicios esenciales con una base cada vez más reducida de contribuyentes cumplidores.

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Álvarez Luna detalló que la tasa promedio que abonan los frentistas ronda los $30.000 mensuales. Ese importe incluye la financiación de prestaciones como la recolección de residuos, el alumbrado público, el sistema local de salud y parte de la seguridad, aunque en la práctica apenas alcanza para cubrir el costo del servicio de basura, uno de los rubros más onerosos para la comuna.

El esquema de ingresos municipales se completa con la Tasa de Seguridad e Higiene, la coparticipación provincial y otras fuentes menores. Sin embargo, el funcionario admitió que el flujo de fondos se vuelve especialmente crítico a partir de la tercera semana de cada mes, cuando los recursos disponibles empiezan a escasear y se vuelve más difícil afrontar los pagos corrientes.

Impacto social, gestión diaria y límites para aumentar tasas

Lejos de atribuir el problema a proyecciones opositoras o a encuestas, el titular del Concejo ofreció una radiografía interna del municipio. Según su descripción, más de la mitad de los vecinos opta por postergar el pago de las tasas para priorizar gastos básicos como alimentos o servicios esenciales, en un contexto de inflación elevada y caída del poder adquisitivo.

Al mismo tiempo, Álvarez Luna reconoció que la administración local no puede compensar la merma de recaudación trasladando mayores aumentos a quienes todavía cumplen, ya que eso podría profundizar la morosidad y generar aún más rechazo entre los contribuyentes que hoy sostienen el sistema.

La responsabilidad de la recaudación, la programación del gasto y la prestación de los servicios recae directamente sobre el gobierno municipal. En ese marco, el presidente del Concejo reveló que el intendente Descalzo decidió reforzar el área de Ingresos con el objetivo de mejorar la cobranza, una señal de que el tema ya forma parte del núcleo de la gestión cotidiana.

Servicios en marcha, datos faltantes y desafío a futuro

Pese a la baja en la cobrabilidad, el municipio continúa prestando servicios clave como la recolección diaria de residuos, la reparación de luminarias y el abastecimiento de combustible para los móviles de seguridad. Sin embargo, el nivel de cumplimiento tributario por debajo de la mitad del padrón refleja una estrechez operativa que limita el margen de acción para encarar nuevas obras o mejoras estructurales.

La declaración oficial no incluyó un detalle preciso sobre la cantidad de contribuyentes morosos, el volumen total de deuda acumulada ni la estructura actualizada de costos vinculada al contrato de recolección. Esos datos serán clave para dimensionar el verdadero alcance del problema y diseñar eventuales planes de regularización o incentivos al pago.

Con más de 20 puntos porcentuales menos de cobrabilidad respecto de los niveles históricos, Ituzaingó enfrenta un costo fijo de diez cifras todos los meses solo para retirar la basura, mientras intenta sostener el resto de los servicios sin cargar todavía más a los vecinos cumplidores.

Con la crisis económica nacional como telón de fondo, el caso de Ituzaingó expone un dilema que se repite en numerosos municipios bonaerenses: hasta dónde puede estirarse la prestación de servicios con ingresos propios en caída y cuánto margen real existe para mejorar la recaudación sin agravar la situación social. La respuesta, coinciden voces oficiales y opositoras, dependerá de la capacidad de gestión local y de un eventual alivio en las variables macroeconómicas.

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