Irán ejecuta a dos hombres vinculados a protestas de enero
NewsITe
Dos hombres fueron ejecutados en Irán tras ser acusados de participar en el asesinato de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad durante las protestas nacionales registradas en enero pasado. La información fue difundida por medios estatales iraníes y retomada por agencias internacionales.
Los ejecutados fueron identificados como Abolfazl Sepahi-Badjani y Amirhossein Safari-Hosseinabadi. Según el medio oficial del Poder Judicial iraní, Mizan, ambos habrían intervenido en un ataque ocurrido el 8 de enero en la plaza Alikhani, en la ciudad de Isfahán, uno de los focos de las manifestaciones contra el gobierno.
Las ejecuciones se enmarcan en una amplia ola represiva desplegada por el régimen iraní tras las protestas, que organismos internacionales describen como una de las más duras de los últimos años. De acuerdo con reportes de distintas organizaciones de derechos humanos, miles de manifestantes habrían muerto a causa de la represión estatal desde el inicio de las movilizaciones.
Un contexto de múltiples condenas a muerte
El caso de Sepahi-Badjani y Safari-Hosseinabadi no es aislado. Un panel de expertos de las Naciones Unidas advirtió recientemente que, al menos, 24 personas han sido ejecutadas en Irán por delitos vinculados a las protestas de enero. Se trata, según el propio organismo, de un patrón preocupante de uso de la pena capital como herramienta de disuasión política.
Los especialistas de la ONU señalaron que, en al menos 12 de esos casos, los acusados fueron sometidos a procesos judiciales sumarios, con una sola audiencia, celebrada a puertas cerradas y sin que se explicara con claridad la responsabilidad individual de cada imputado. Estas prácticas violan estándares básicos de debido proceso y derechos humanos, remarcaron.
Críticas de organismos de derechos humanos
En la misma línea, la organización Human Rights Watch denunció que, en los últimos cuatro meses, al menos 50 personas fueron ejecutadas en Irán bajo cargos calificados como vagos y amplios, relacionados con la seguridad nacional. Entre ellos se incluyen acusaciones de «enemistad contra Dios» y «corrupción en la tierra», figuras utilizadas reiteradamente contra opositores y manifestantes.
- Más de 24 ejecuciones vinculadas a las protestas, según expertos de la ONU.
- Al menos 50 ejecuciones en cuatro meses, de acuerdo con Human Rights Watch.
- Cuestionamientos por juicios breves, sin publicidad ni garantías plenas de defensa.
«Los procesos judiciales que conducen a la imposición de la pena de muerte en estos casos no cumplen las normas internacionales de juicios justos», alertó un panel de expertos de Naciones Unidas en un comunicado difundido en Ginebra.
El gobierno de Teherán ha rechazado, en reiteradas oportunidades, las acusaciones de abusos contra personas detenidas durante las protestas. Funcionarios iraníes sostienen que las causas responden a delitos graves contra la seguridad del Estado y niegan motivaciones políticas en las condenas. Sin embargo, la delegación iraní ante la ONU evitó responder de manera puntual a las consultas de la prensa internacional sobre estos últimos casos, lo que mantiene encendidas las alarmas en la comunidad internacional.
