La Justicia avanza sobre la trama de sobreprecios en la Andis.
La investigación judicial por presuntos sobreprecios y pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó en las últimas horas nuevos elementos que refuerzan la hipótesis de una estructura de intermediación ilegal en las compras públicas. De acuerdo con documentación incorporada al expediente, los intermediarios que operaban entre el organismo y las empresas proveedoras se habrían quedado con hasta el 20% del monto de las operaciones.
Según reconstruyó la Justicia a partir de anotaciones, correos y mensajes, existiría una correlación entre las licitaciones adjudicadas por la Andis y los registros de un lobista que figura como posible beneficiario de retornos. Ese operador habría ofrecido a distintas firmas la posibilidad de participar en concursos y contrataciones a cambio de entregar una porción significativa de los contratos que obtenían.
Las sospechas se concentran en la figura de Miguel Ángel Calvete, señalado como un operador externo que, sin integrar la planta de la ANDIS, habría intervenido en la articulación de adjudicaciones y en el cobro de retornos asociados a esas contrataciones. En notas internas y comunicaciones de una empresa al propio Calvete aparecen referencias a montos concretos que, según fuentes del caso, representarían el 20% de operaciones realizadas con el organismo.
Registros internos y pagos por el 20% de las operaciones
Entre la documentación analizada por la Justicia figura una comunicación empresarial en la que se desglosan cifras bajo la anotación “Miguel $6.600.000”, “Guadalupe $1.650.000” y “Cobrado el 30/6”. Todas las referencias corresponden a la misma fecha y, de acuerdo con el cálculo de los investigadores, esos montos equivaldrían a una quinta parte del total facturado por la firma en determinadas operaciones.
Para el fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la pesquisa, el rol de Calvete habría sido “central” para el presunto esquema de corrupción. En su trazado de la maniobra, el operador habría funcionado como engranaje entre funcionarios de la Andis y contratistas privados, facilitando adjudicaciones irregulares y quedándose con una porción de los pagos efectuados por el Estado nacional.
Vínculos con funcionarios y trazabilidad de los pagos
Los investigadores también pusieron el foco en el vínculo de Calvete con funcionarios que se desempeñaban en áreas sensibles de la AS. En el expediente se incorporó, por ejemplo, un mensaje enviado por el entonces director de Acceso a los Servicios de Salud delndisorganismo, Daniel Garbellini. En ese texto se hace referencia a “sus ofrendas de esta semana”, acompañado por una lista de diez contratistas del Estado y un monto total de $2.021 millones.
La coincidencia de esas cifras con los pagos efectivamente realizados por la Andis fue verificada mediante un pedido de acceso a la información pública publicado por el diario La Nación. El mismo día al que alude el mensaje –24 de julio de 2025, según consta en la causa–, el organismo emitió 16 certificados de pago a las empresas mencionadas, por una suma global idéntica a la consignada en la comunicación interna.
Implicancias institucionales y próximos pasos de la causa
El caso vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control en las compras vinculadas a políticas de discapacidad, un área especialmente sensible por el impacto directo en prestaciones, equipamiento y servicios dirigidos a personas con discapacidad y sus familias. La existencia de intermediarios que se habrían apropiado de hasta un 20% de los montos contratados plantea interrogantes sobre la eficiencia del gasto público y la protección de recursos destinados a un sector vulnerable.
- Se analizan circuitos de pago y firmas involucradas en las licitaciones cuestionadas.
- La Fiscalía evalúa la posible responsabilidad penal de funcionarios y particulares.
- El expediente se apoya en documentación contable, mensajes de texto y pedidos de acceso a la información.
En la medida en que avancen los peritajes contables y se amplíen las medidas de prueba, la causa podría derivar en nuevas imputaciones y citaciones a indagatoria. Mientras tanto, distintas organizaciones del sector de la discapacidad reclaman que se esclarezca el funcionamiento de la ANDIS en los últimos años y se garanticen mecanismos de transparencia que eviten la repetición de maniobras de este tipo.
