Un informe sobre el caso del fentanilo contaminado, que involucra a Laboratorios Ramallo, revela graves deficiencias en los controles de medicamentos.
El caso del fentanilo contaminado, que causó al menos 33 muertes y decenas de afectados en hospitales de La Plata y Rosario, reveló el costado más preocupante del sistema de control de medicamentos en la Argentina. Pero detrás de las irregularidades técnicas, se esconde una profunda trama política y empresarial.
La crisis sanitaria se desató cuando el Hospital Italiano de La Plata denunció un lote de fentanilo que habría provocado un brote de neumonía en 18 pacientes, de los cuales 14 murieron. La ANMAT confirmó la contaminación bacteriana y el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, vinculó la partida a Laboratorios Ramallo S.A. y a HLB Pharma Group.
Un informe revela graves faltas de inspecciones y un sistema inoperativo
Una auditoría interna del Ministerio de Salud expuso graves deficiencias en el control de sustancias peligrosas, como el fentanilo y la efedrina. Reveló que las inspecciones están paralizadas y el software internacional de rastreo de drogas no funciona, a pesar de haber sido adquirido por el Estado argentino.
Un informe reservado de dicha auditoría, alojado en el portal interno del Ministerio, trascendió durante la tarde de hoy. El periodista Federico Teijeiro detalló que el área encargada de fiscalizar estas sustancias en la ANMAT cuenta con solo seis empleados. Desde hace años, no realiza inspecciones ni conecta sus datos con las plataformas internacionales de monitoreo.
Uno de los puntos más preocupantes es que Argentina no utiliza el sistema I2ES, desarrollado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Este software gratuito permite intercambiar autorizaciones de importación y exportación en tiempo real.
En cambio, el país optó por el sistema NDS, creado por la ONU. Sin embargo, en los registros oficiales figura solo como “instalado”, pero no en uso, lo que impide su funcionamiento.
“No hay trazabilidad nacional ni internacional. Las certificaciones se hacen en un archivo Word y luego se suben al TAD. La información es fácilmente manipulable”, advirtió Teijeiro, citando fuentes de la ANMAT.
Además, relató que en 2023 la base de datos de la agencia fue hackeada y se perdió información clave. “Pidieron a los laboratorios que manden ellos mismos las copias de sus expedientes. No hay forma de verificar nada”, lamentó.
Vínculos políticos y contratos millonarios
El caso también involucra a la empresa HLB Pharma Group, propiedad de Ariel García Furfaro. Esta firma recibió un contrato de 100 millones de pesos en marzo de 2024 del municipio de José C. Paz, gobernado por Mario Ishii.
En ese momento, el apoderado legal del municipio era Sebastián Nanini, quien luego quedó como propietario de la empresa proveedora. Esta situación podría configurar un conflicto de intereses.
Documentos oficiales muestran que la operación fue aprobada por el Concejo Deliberante y financiada con fondos de coparticipación provincial. “Es una compra mayor a la que hacen muchas provincias”, señaló Teijeiro.
Nanini también fue abogado del exbanquero Hernán Arbizu, de Lázaro Báez y exfuncionario del Ministerio de Seguridad en 2023. Además, en redes sociales se lo ve junto a figuras como el ex presidente Alberto Fernández, el juez Eugenio Zaffaroni y hasta el papa Francisco, lo que refleja un entramado político-empresarial con llegada al poder.
Antecedentes preocupantes
Entre la documentación verificada se encuentran informes del Sistema Nacional de Control de Drogas (NDS), auditorías de ANMAT de 2024 y registros del Departamento de Sustancias Sujetas a Control Especial. También se incluye el informe 2022 de la OEA, que ya advertía que Argentina no usaba el sistema I2ES.
El 22 de mayo, la titular del área clave en la ANMAT, Andrea Rey, declaró ante el juez federal Ernesto Kreplak, hermano del actual ministro de Salud, Nicolás Kreplak.
El caso no solo revela fallas técnicas: también saca a la luz los vínculos entre empresarios y dirigentes políticos de la región. Andrés Quinteros, dirigente político de nuestra ciudad, figura en la Disposición oficial DI-2025-51-APN-DBA#INV como “Jefe de Productos Regulados” de HLB Pharma Group.
En 2023, fue designado depositario legal de una partida de alcohol etílico que luego desapareció bajo su custodia. El Instituto Nacional de Vitivinicultura lo multó junto a la empresa por “depositario infiel”. Aunque en entrevistas radiales negó cualquier vínculo con el laboratorio, el documento oficial y su rol como funcionario lo desmienten.
El caso deja en evidencia la vulnerabilidad del sistema argentino de control de drogas peligrosas y la necesidad urgente de reforzar las inspecciones y la trazabilidad.
Desde Ramallo, donde comenzó la producción del lote contaminado, hasta las altas esferas del poder político, la trama revela las fallas estructurales de un sistema que, lejos de proteger a los pacientes, dejó un reguero de víctimas.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
