Una causa por supresión de identidad sacude a Rosario
NewsITe
Una expartera de 88 años fue imputada en Rosario en el marco de una causa por supresión y alteración de identidad vinculada a una mujer nacida en 1970. La investigación, impulsada por la Justicia federal, podría abrir la puerta a nuevos casos de apropiación de bebés ocurridos décadas atrás en la ciudad santafesina.
La fiscal federal Soledad García, responsable de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, formalizó la imputación por los delitos de supresión y alteración del estado civil e identidad de una menor de diez años, además de falsedad ideológica de instrumento público.
De acuerdo con la acusación, la mujer, que se desempeñaba como partera en el Hospital Roque Sáenz Peña, habría confeccionado un certificado de nacimiento con datos falsos sobre los padres biológicos de una beba registrada como nacida en 1970. El caso fue dado a conocer por el portal Fiscales, que sigue de cerca la evolución del expediente.
Una presunta maniobra sistemática entre 1968 y 1980
Si bien la causa actual se centra en un hecho puntual, la pesquisa avanza sobre al menos otras cinco denuncias de posibles víctimas. Una de ellas habría sido criada como hija de la propia imputada, identificada por sus iniciales como D.E.V. y conocida con el apodo de “Dolly”, sobre quien se ordenó la extracción compulsiva de ADN para determinar un eventual vínculo biológico.
Según la fiscal García, la acusada habría actuado “de manera sistemática entre 1968 y 1980”, separando recién nacidos de sus madres biológicas para entregarlos a otras familias a cambio de dinero. “Hay al menos cinco víctimas, todas denunciaron tener suprimida su identidad”, remarcó la funcionaria judicial.
En el caso que dio origen a esta imputación, se le atribuye a la expartera haber certificado que un matrimonio, E.A.Q. y A.T.B., ya fallecidos, eran los padres biológicos de la niña que luego fue inscripta en el Registro Civil como C.E.M.Q. Para la Fiscalía, el uso de un documento público para crear una filiación falsa tuvo “consecuencias jurídicas permanentes que hasta el día de hoy se mantienen inalteradas”.
La denuncia y la búsqueda del origen biológico
El expediente se inició a partir de la denuncia presentada por C.E.M.Q. el 15 de abril de este año ante la Unidad Fiscal Rosario. La mujer relató que desde hacía años sospechaba sobre su verdadero origen y que, en 2012, decidió pedirle a quien figuraba como su madre en el acta de nacimiento que se sometiera a un estudio de ADN.
El resultado fue concluyente: el análisis determinó una probabilidad de vínculo del 0,0 por ciento con A.T.B., la mujer inscripta como su madre en la partida de nacimiento. A partir de ese dato, la denunciante reconstruyó una historia de supuesta apropiación que habría sido coordinada por la obstetra apodada “Dolly”, a quien sus padres de crianza habrían pagado una suma de dinero para acceder a la entrega de la niña.
Según la investigación, para concretar la maniobra se habrían insertado declaraciones falsas en el certificado de nacimiento, donde la partera certificó que el parto ocurrió en el Hospital Roque Sáenz Peña e hizo figurar a E.A.Q. y A.T.B. como progenitores biológicos. La propia madre de crianza de la denunciante le confesó, antes de morir, que el nacimiento real se habría producido cerca del 27 de diciembre de 1969, aunque la partida se labró el 9 de enero de 1970.
Testimonios familiares y una red de silencios
El relato de la víctima fue respaldado por una tía, quien declaró que la familia fue silenciada mediante amenazas de muerte atribuidas al padre de crianza. Ese clima de miedo habría contribuido a mantener oculta la verdad durante más de cuatro décadas.
Sobre la madre biológica, la denunciante contó que, de acuerdo con lo que le transmitió su madre de crianza, se trataría de una joven que no podía hacerse cargo del bebé. Tras la entrega de la niña, esta mujer habría recibido un pasaje hacia una zona rural cercana a Mar del Plata, lo que refuerza la hipótesis de un circuito organizado para la apropiación y relocalización de recién nacidos.
- La imputada trabajó como partera en un hospital público rosarino.
- Se investigan al menos cinco casos de presunta supresión de identidad.
- Se ordenaron estudios de ADN para confirmar vínculos biológicos.
- La causa se tramita en el fuero federal de Rosario.
“Es un caso gravísimo el que se investiga en esta unidad fiscal, afectó derechos a la identidad y dignidad de esas personas”, sostuvo la fiscal Soledad García.
La causa se inscribe en una larga lucha por el derecho a la identidad en la Argentina, donde aún hoy persisten denuncias por apropiaciones y maniobras de ocultamiento de origen biológico. La Justicia federal deberá ahora avanzar con medidas de prueba clave, como peritajes genéticos y citaciones a testigos, para determinar el alcance real de la presunta red de supresión de identidad.
