De Loredo y distintos bloques avanzan contra fiscales cordobeses
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El crimen de Agostina Vega en Córdoba sigue generando fuertes repercusiones políticas y judiciales. El diputado nacional Rodrigo de Loredo anunció que impulsa un jury de enjuiciamiento contra los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón, a quienes distintos sectores señalan por sus actuaciones previas y actuales en la causa que involucra a Nicolás Barrelier, principal sospechoso del femicidio.
Mientras se aguardan los resultados preliminares de la autopsia, clave para avanzar en la investigación, De Loredo precisó que el pedido de jury contra Rodríguez se fundamenta en la decisión de haber dejado en libertad a Barrelier en 2025, cuando estaba acusado por el delito de privación ilegítima de la libertad. En el caso de Garzón, el planteo apunta a que se revise su desempeño como fiscal instructor en el expediente por la muerte de Agostina.
El legislador también adelantó que solicitará a los concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) que impulsen la expulsión del concejal Ricardo Moreno. La medida se vincula a la difusión de un polémico audio en el que Moreno admite haber incorporado a Barrelier y a otras 500 personas a la planta de la Municipalidad de Córdoba, minimizando el impacto del hecho.
“Metí 500 a la administración pública, el pibe se echó un moco”, se escucha decir a Moreno en uno de los audios que trascendieron, donde incluso reconoce que la exposición pública del caso le reporta un beneficio político al darle mayor visibilidad. Las declaraciones provocaron malestar en la dirigencia local y reavivaron el debate sobre el uso de la estructura estatal para favores políticos.
Más pedidos de explicaciones y juicios políticos
De Loredo no es el único dirigente que reclama responsabilidades. El legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda informó que presentó un pedido para citar en la Legislatura de Córdoba al ex fiscal Iván Rodríguez, a fin de que explique por qué otorgó la libertad bajo fianza a Barrelier en 2025. El objetivo es que detalle los fundamentos jurídicos de esa resolución, hoy cuestionada a la luz del crimen de Agostina.
Desde la Izquierda Socialista anticiparon que pedirán una investigación integral sobre la conducta del fiscal interviniente y, además, la remoción del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, a quien responsabilizan por la falta de prevención y control previo al hecho. Señalan que el caso expone falencias estructurales en el sistema de justicia y en las políticas de seguridad.
- Pedido de jury para los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón.
- Reclamo de expulsión del concejal Ricardo Moreno por sus dichos en audios filtrados.
- Citación legislativa a Rodríguez para que explique la liberación de Barrelier en 2025.
- Planteo de la Izquierda Socialista para investigar a la Fiscalía y remover al ministro Quinteros.
La controversia por el caso Agostina Vega reabre el debate sobre el funcionamiento del sistema judicial cordobés y el control político de las decisiones que afectan la seguridad pública.
En paralelo a las actuaciones políticas, la causa judicial continúa su curso en los tribunales cordobeses. Con el avance de las pericias forenses y la recopilación de pruebas, se espera que la investigación arroje mayor claridad sobre las circunstancias del crimen y sobre las posibles responsabilidades de funcionarios y magistrados que, según los cuestionamientos actuales, podrían haber evitado esta tragedia.
