Identifican los restos de un estudiante víctima de la dictadura
NewsITe
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó la identificación de los restos de Carlos Medina González, un estudiante universitario tucumano de 20 años desaparecido en abril de 1976, pocas semanas después del inicio de la última dictadura cívico-militar encabezada por Jorge Rafael Videla.
La identificación se realizó a partir del estudio de restos óseos recuperados del Pozo de Vargas, la fosa clandestina más grande del país, situada en la zona de Tafí Viejo, al noroeste de San Miguel de Tucumán. Este espacio fue utilizado como lugar de ocultamiento y eliminación de cuerpos durante el terrorismo de Estado en la provincia, entonces bajo el mando del represor Antonio Domingo Bussi.
Con este nuevo caso, ya son 122 las personas cuyos restos lograron ser identificados y restituidos con nombre y apellido entre las víctimas halladas en el Pozo de Vargas, sobre un total de al menos 149 individuos detectados en el lugar mediante estudios genéticos y antropológicos. El trabajo científico permite avanzar en el derecho a la verdad y en la reconstrucción de las historias de vida de las víctimas, así como ofrecer una instancia de reparación para sus familias.
El Pozo de Vargas, la fosa clandestina más grande del país
De acuerdo con la información oficial del EAAF, el Pozo de Vargas es una estructura circular de aproximadamente tres metros de diámetro y 37 metros de profundidad. Allí fueron arrojados, de manera clandestina, los cuerpos de personas detenidas ilegalmente durante el accionar represivo del Estado. La ubicación y características del pozo dificultaron durante décadas su detección y posterior intervención.
Las primeras evidencias de la presencia de restos humanos fueron obtenidas por el Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán (GIAAT). A partir de esos hallazgos iniciales se puso en marcha una compleja excavación arqueológica que demandó casi veinte años de trabajo continuo, gran parte de ellos a cargo del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), que combinó tareas científicas con la demanda de memoria, verdad y justicia de organismos de derechos humanos.
Las condiciones internas del pozo –la forma en que fueron dispuestos los cuerpos, la estructura misma del lugar, la humedad del ambiente y la prolongada permanencia bajo tierra– provocaron que los restos se encontraran severamente fragmentados y mezclados. Lejos de los esqueletos completos que suelen recuperarse en cementerios formales, en este caso se contabilizaron alrededor de 38.000 fragmentos óseos, además de prendas de vestir y pequeños objetos personales.
La tarea del EAAF y el proceso de identificación
Desde 2011, el EAAF comenzó a recibir los restos recuperados del Pozo de Vargas para someterlos a estudios especializados. El objetivo central fue determinar cuántas personas habían sido inhumadas en el lugar y, en la medida de lo posible, devolverles identidad. Mediante la elaboración de perfiles genéticos, la comparación con muestras de familiares y la reagrupación intraesqueletal, se estableció hasta ahora un número mínimo de 149 individuos: 121 hombres y 28 mujeres.
- Aplicación de técnicas de antropología forense y genética para identificar a las víctimas.
- Reconstrucción de historias personales y restitución de restos a familiares.
- Aporte de pruebas relevantes en causas judiciales por delitos de lesa humanidad.
“El Pozo de Vargas constituye una de las evidencias materiales más contundentes del terrorismo de Estado en la Argentina y del carácter sistemático de las desapariciones forzadas”, destacan desde el ámbito forense y de derechos humanos.
La identificación de Carlos Medina González se suma a la larga tarea emprendida por organismos de derechos humanos, el Poder Judicial y equipos científicos para esclarecer lo ocurrido durante la última dictadura. Cada caso conocido no solo aporta a la construcción de memoria histórica, sino que reafirma el compromiso institucional del país con la búsqueda de verdad y justicia frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983.
