La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto que crea un «Régimen de Protección de Deudores de Préstamos Hipotecarios UVA y UVI». No obstante, el colectivo de damnificados por aquel sistema no quedó conforme con lo que propone la in iniciativa. “Los legisladores estaban más preocupados por mantener la seguridad jurídica para el sector bancario, que por las familias”, evaluó Perla Figueroa.
El debate dividió al bloque de Juntos por el Cambio. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación y ahora será materia de análisis y deliberación en el Senado. Pero más allá de eso, la iniciativa que supuestamente viene a resolver el profundo problema de los Hipotecados UVA no conforma a los demandantes. Medida “irrisoria” y propuesta “descabellada”, fueron algunas de las calificaciones que vertieron a EL NORTE desde el colectivo de damnificados.
“La medida es irrisoria. Contiene puntos muy en favor de cuidar el sistema. Los legisladores y las legisladoras estaban más preocupados por no romper el sistema y mantener la seguridad jurídica para el sector bancario, que para las familias”, indicó la nicoleña Perla Figueroa, quien es portavoz del grupo de Hipotecados UVA en la provincia de Buenos Aires.
A su vez, Alexis Dritsos, economista que asesora al colectivo que integran unas 100 mil familias argentinas perjudicadas por el sistema UVA de reintegro de créditos hipotecarios, fue tajante: “No estamos conformes con esta media sanción. Es un proyecto que queda muy corto y que no promueve una solución de fondo al problema subyacente, que es la UVA en un contexto de alta inflación y de enorme pérdida del poder adquisitivo acumulado en los créditos existentes”.
La sanción
La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto que crea un “Régimen de Protección de Deudores de Préstamos Hipotecarios UVA y UVI”, que se propone como una solución para las familias que contrajeron créditos durante el gobierno de Mauricio Macri y que llevan desde años una lucha para encontrar un sistema que les permita afrontar los pagos sin ver comprometidos sus ingresos.
El proyecto aprobado por 134 votos positivos, 40 negativos y 18 abstenciones, gracias a un acuerdo por el oficialismo y un sector de la UCR por el fuerte impulso del mendocino Julio Cobos, aunque provocó discusiones en otros espacios.
En líneas generales, la iniciativa legislativa establece que la cuota a pagar no podrá exceder el 30% de los ingresos acreditados por los deudores. En tanto, para los créditos ya otorgados, el cómputo del 30% será retroactivo al 1° de enero de 2023.
“Contrariamente a las propuestas que hicimos cuando presentamos un proyecto que fue absolutamente desoído, este proyecto no contiene una tasa tope. Nosotros venimos proponiendo una tasa tope del 3,5% y este proyecto no contempla esa posibilidad. Además, retrotrae el recálculo a enero de este año, con lo cual ya es muy tarde porque la indexación acumulada y la pérdida del poder adquisitivo en todo este tiempo no se ve alterada prácticamente por este periodo”, valoró Dritsos.
El economista también planteó a EL NORTE: “El proyecto habla de un tope en la relación cuota-ingreso de un 30%, y en caso de no lograrse, lo que propone es extender el plazo del crédito, con lo cual terminarían siendo créditos demasiado largos. Además obliga a todos los que quieran acceder a esta posibilidad a renunciar a cualquier tipo de acción judicial, cosa que parece un poco descabellada y muy poco razonable. Renunciar a derechos para acceder a esto, es verdaderamente una enormidad”.
Persiste el reclamo
Más allá del cuestionamiento a los intentos legislativos, Dritsos también puso el foco en las responsabilidades y posibilidades del Poder Ejecutivo. “La posibilidad de resolver esto siempre estuvo en manos del Poder Ejecutivo y del Banco Central. Tienen las herramientas suficientes. Por carta orgánica, el Banco Central tiene la posibilidad de definir las pautas de los créditos. Y el Gobierno nacional, y también los provinciales, tienen potestad sobre los bancos públicos, siendo que el 70% de los créditos hipotecarios está en poder de los bancos públicos”, repasó el asesor de los Hipotecados UVA.
Y completó: “El problema central es la inflación. Y es un problema que lamentablemente viene acelerando y creciendo año tras año. Sería razonable esperar que desde el Estado surja una solución, por lo menos para estas 100 mil familias que en la indexación de sus cuotas vienen acumulando una enorme pérdida de poder adquisitivo. Desde mi perspectiva, esta propuesta difícilmente pueda prosperar y claramente no soluciona el problema. El colectivo deberá seguir reclamando a las autoridades que vengan y ahora a los candidatos de las fuerzas políticas de cara a las elecciones, con el objetivo de obtener algún compromiso en pos de mejorar esta situación, además de solicitar que se pongan firmes en el combate a la inflación que perjudica fundamentalmente a los asalariados y, de manera muy desigual, a los tomadores de créditos en relación a los bancos que los otorgaron”.