La fuerza política de los Passaglia busca establecer dos encuentros públicos, preguntas cruzadas y sanciones para quienes no asistan. La iniciativa presentada en el Senado tiene por objeto “fortalecer la calidad democrática, garantizar el derecho ciudadano a la información política y promover una competencia electoral basada en propuestas, ideas y rendición anticipada de compromisos públicos”, según explicó el legislador Marcelo Leguizamón.
De la redacción de EL NORTE
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El bloque Hechos–UCR Identidad volvió a instalar en la Legislatura bonaerense una discusión que lleva una década sin resolución: que quienes compitan por la Gobernación estén obligados a debatir antes de la elección general.
La iniciativa presentada en el Senado propone dos encuentros públicos entre todas las fórmulas oficializadas. La propuesta pretende que la exposición de planes de gobierno deje de depender de la conveniencia de cada candidato. Según explicó Marcelo Leguizamón, el objetivo es “fortalecer la calidad democrática, garantizar el derecho ciudadano a la información política y promover una competencia electoral basada en propuestas, ideas y rendición anticipada de compromisos públicos”.
El planteo adquiere peso en una provincia que concentra cerca del 40% del padrón nacional, pero todavía no tiene una norma específica para su principal elección ejecutiva. El proyecto define la participación como una carga pública electoral para todas las fórmulas oficializadas.
El proyecto establece que los debates se realicen entre los 30 y los 7 días anteriores a los comicios, con una separación mínima de una semana. El primero estará destinado al diagnóstico de la situación bonaerense y a la presentación de propuestas generales; el segundo deberá profundizar la discusión mediante intercambios y respuestas entre las fórmulas.
La agenda mínima incluye seguridad, justicia, educación, salud, producción, inversión, infraestructura, transporte, ambiente, empleo, políticas sociales, transparencia y gestión fiscal. También incorpora un tema elegido mediante participación ciudadana. Cada encuentro deberá contar con una presentación inicial, exposiciones temáticas, preguntas cruzadas, consultas del público y un cierre.
La Junta Electoral quedaría como autoridad de aplicación, acompañada por un comité con representantes de las fuerzas participantes, universidades, organizaciones vinculadas con la transparencia y asociaciones periodísticas.
Los moderadores deberán ser profesionales del periodismo o la comunicación elegidos mediante un procedimiento público. La iniciativa permite, además, que los encuentros se desarrollen en distintos municipios para evitar que toda la campaña quede concentrada en La Plata.
La transmisión sería en vivo, gratuita y de libre utilización para canales, radios y plataformas digitales. El texto exige Lengua de Señas Argentina, subtitulado simultáneo y herramientas para personas con discapacidad visual o auditiva.
Si una fórmula falta sin justificación, el debate continuará y su lugar permanecerá visible. También perdería el acceso a espacios institucionales de difusión electoral, debería asumir costos fijados por la reglamentación y quedaría formalmente señalada por la autoridad electoral.
