Proyecto de Grabois para proteger la propiedad pública
NewsITe
En abierta contraposición al oficialismo, el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Pública”. La iniciativa busca blindar empresas, tierras y activos considerados estratégicos del Estado nacional y elevar de manera sustancial las exigencias para cualquier intento de privatización futura.
El proyecto aparece como contracara de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el gobierno de Javier Milei y ya aprobada en la Cámara baja, a la espera de su tratamiento definitivo en el Senado. Mientras la norma oficialista se centra en reforzar las garantías sobre la propiedad privada, la propuesta de Grabois apunta a asegurar que los bienes estatales tengan “un fin social” y reciban una protección, como mínimo, equivalente.
En el articulado se establece que el “patrimonio público estratégico es inviolable” y se fija que ningún bien, empresa, sociedad, participación accionaria o activo declarado estratégico podrá ser vendido, privatizado, transferido o concesionado sin una ley especial. Esa norma deberá obtener el respaldo de las dos terceras partes del total de los miembros de cada una de las cámaras del Congreso, es decir, una mayoría agravada que dificulta al máximo la enajenación del patrimonio estatal.
Fin social y límites a las privatizaciones
Entre los puntos centrales, el proyecto declara de interés público nacional la conservación, la gestión transparente y el aprovechamiento intergeneracional de las empresas y activos alcanzados. Además, prohíbe expresamente el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia, la delegación legislativa y la inclusión de autorizaciones de privatización dentro de leyes de Presupuesto o leyes ómnibus, mecanismos utilizados en otras reformas estructurales.
Otro capítulo relevante crea el Concurso Social de Proyectos de Utilidad Pública para la adjudicación de tierras fiscales nacionales rurales y urbanas que estén ociosas, subutilizadas o sin destino específico. En ese esquema, antes de concretar una venta tradicional, el Estado deberá llamar a un procedimiento competitivo donde no se privilegie la oferta económica más alta, sino la mayor utilidad social del proyecto presentado.
Según los fundamentos, los planes que se presenten deberán apuntar al fortalecimiento de la economía comunitaria, la atención de necesidades básicas insatisfechas, el acceso a la tierra para el autoabastecimiento y a la vivienda única familiar. Además, se excluye de manera explícita a sociedades comerciales con fines de lucro dedicadas a la valorización inmobiliaria o la especulación con la tierra.
“Aquello que pertenece a todos no puede recibir una protección inferior que la que el ordenamiento jurídico reconoce a la propiedad individual. La seguridad jurídica debe amparar tanto a los particulares como al colectivo”, argumenta Grabois en los fundamentos del proyecto.
Para el dirigente de Patria Grande, la iniciativa apunta a garantizar que las empresas y activos estratégicos del pueblo argentino no puedan ser transferidos sin una decisión “democrática, específica, transparente y suficientemente fundada” del Congreso. El debate sobre el alcance de la propiedad pública y los límites a futuras privatizaciones se suma así a la agenda legislativa en medio de la puja entre oficialismo y oposición por el modelo económico y el rol del Estado.
