Avanza la agenda de desregulación económica tras el receso
El Gobierno nacional alista, para después del receso invernal, dos proyectos clave en su estrategia de desregulación económica: una reforma integral del Código Aduanero y una profunda flexibilización del mercado inmobiliario. Ambas iniciativas son impulsadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei en materia de reformas estructurales.
Según trascendió, los borradores recogen aportes de actores privados, en especial del sector inmobiliario, con el objetivo de modificar el estatus del corretaje. La intención oficial es dejar atrás la concepción de “profesión liberal” para encuadrarlo como un servicio de intermediación comercial, reduciendo regulaciones y exigencias para operar en el mercado.
Entre quienes acercaron propuestas figura Jorge Amoreo Casotti, CEO de la start up Proptech Pint, quien cuestiona el esquema vigente. A su entender, el corretaje inmobiliario “no es medicina ni ingeniería” sino una actividad comercial que conecta a las partes para concretar una operación y cobrar una comisión. En su visión, durante décadas el lobby profesional habría consolidado un régimen corporativo que restringe la competencia en nombre de la protección del consumidor.
Casotti apunta particularmente contra las leyes nacionales 20.266 y 25.028, que establecieron exigencias de título universitario y habilitaron a las provincias a crear colegios profesionales con fuerte poder de control. Desde 2003, ese modelo se expandió mediante normas locales que fijaron territorios exclusivos, comisiones reguladas, cajas propias y organismos que habilitan, inspeccionan y sancionan, concentrando funciones de juez y parte en las mismas entidades.
Fin de la matrícula obligatoria y cambios en la intermediación
El proyecto que trabaja el Poder Ejecutivo buscaría, entre otros puntos, limitar el rol de los colegios profesionales, eliminar su capacidad sancionatoria, levantar las restricciones geográficas para que los corredores puedan operar en distintas jurisdicciones y, sobre todo, terminar con la obligatoriedad de la matrícula en un colegio inmobiliario como condición para trabajar.
Quienes respaldan la reforma sostienen que la matrícula no garantiza ética ni excelencia, sino únicamente el pago para ingresar al sistema, y que los colegios defienden su exclusividad más que los derechos de los consumidores. En ese marco, advierten que las estructuras corporativas terminaron actuando como barreras de entrada que encarecen operaciones y reducen la oferta de servicios inmobiliarios.
Reforma aduanera: menos controles y más agilidad
En paralelo, el oficialismo también prepara cambios de fondo en el Código Aduanero. Fuentes del organismo que tuvieron acceso a un borrador señalaron que la administración Milei buscará aligerar controles, prescindir de parte del personal, recortar burocracia para agilizar el ingreso y egreso de mercaderías y redefinir la figura de contrabando y sus penalidades.
La apuesta del Gobierno es que una Aduana más liviana en términos de trámites y requisitos contribuya a facilitar el comercio exterior, reducir costos logísticos y acelerar operaciones de exportación e importación. La reforma se inscribe en la narrativa oficial de “desatar las fuerzas del mercado” y recortar estructuras estatales consideradas ineficientes o sobredimensionadas.
Sindicatos y empresarios, en alerta por el impacto de los cambios
Los planes de reforma, sin embargo, ya generan resistencias. Desde el SUPARA, el sindicato que nuclea a los trabajadores de la Aduana y es conducido por Daniel Mallotti, advirtieron que cambios estructurales sin participación del personal pueden debilitar el sistema de control. El gremio recuerda que la Aduana no solo cumple un rol recaudatorio, sino también de regulación, fiscalización y resguardo del interés nacional en materia de comercio exterior.
SUPARA, que comenzó a tender puentes con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), coincide en la preocupación por el avance del comercio ilegal. En ese sentido, reclama al Gobierno reforzar los controles fronterizos para frenar el contrabando, al que atribuye un fuerte perjuicio para la industria local y pérdidas fiscales millonarias. El debate que se abre enfrentará, así, la promesa oficial de mayor libertad económica con los cuestionamientos por el posible debilitamiento de las herramientas de control del Estado.
La discusión sobre la desregulación de la Aduana y del mercado inmobiliario se perfila como uno de los ejes políticos y económicos clave del segundo semestre, en un escenario cruzado por la puja entre libertad de mercado y regulaciones estatales.
