La doble incidencia de un proveedor clave en la privatización de AySA
NewsITe
Mauricio Filiberti quedó en el centro de la escena en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El empresario, a través de su firma Transclor, no solo es uno de los principales proveedores de insumos químicos para la potabilización del agua, sino que además integra uno de los consorcios privados que aspiran a quedarse con el control de la compañía que hoy depende del Estado nacional.
Transclor forma parte de la propuesta encabezada por Rowing S.A., que se completa con la brasileña Arcos Saneamento e Participações y el fondo de inversión PHX, radicado en Países Bajos. Este grupo presentó una de las dos ofertas técnicas para adquirir el 90% de las acciones que el Estado posee en AySA, en competencia directa con el consorcio liderado por Roggio ROAS S.A.U., vinculado al histórico Grupo Roggio.
La participación de Filiberti genera atención por el doble rol que asume en el negocio del agua. Desde hace años, Transclor suministra a AySA productos químicos esenciales, entre ellos derivados de cloro-soda y policloruro de aluminio, insumos clave para garantizar la calidad del agua potable que se distribuye en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Un proveedor que busca ser parte del grupo controlador
Si el consorcio integrado por Transclor resultara adjudicatario, se abrirá una etapa de fuerte escrutinio sobre cómo se organizarán las compras de insumos, los contratos con empresas vinculadas y los mecanismos de competencia entre proveedores. La posibilidad de que un proveedor relevante pase a integrar el grupo controlador plantea desafíos en materia de transparencia, conflictos de interés y regulación económica.
En paralelo a la licitación de AySA, Transclor amplió su objeto social para habilitar inversiones y participaciones en empresas prestadoras de servicios públicos. Esa modificación societaria le abrió formalmente la puerta a Filiberti para avanzar en la operación directa de servicios esenciales como el agua y el saneamiento, más allá de su rol tradicional como industrial químico.
La presencia del empresario en el sector de los servicios públicos no se limita al agua. Filiberti también participa en Edenor, la principal distribuidora eléctrica del norte del AMBA, donde AySA figura entre sus mayores clientes industriales debido al alto consumo energético de las plantas de potabilización, las estaciones de bombeo y las redes de tratamiento de efluentes.
Inversiones, control estatal y regulaciones en juego
El consorcio que integra Transclor combina distintos perfiles: Rowing S.A. aporta experiencia en construcción, ingeniería y grandes obras de infraestructura; Arcos Saneamento e Participações suma antecedentes en la gestión de servicios de agua y cloacas en Brasil; y PHX incorpora el músculo financiero necesario para afrontar planes de inversión de largo plazo.
El futuro operador de AySA deberá comprometer inversiones superiores a los US$ 2.000 millones entre 2027 y 2031, con el objetivo de expandir las redes de agua potable y desagües cloacales, mejorar la calidad del servicio y reducir brechas de acceso. Hoy la empresa atiende a cerca de 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense, lo que la convierte en un actor estratégico para la salud pública y el desarrollo urbano.
- Inversiones proyectadas por más de US$ 2.000 millones en cuatro años.
- Servicio de agua y cloacas para unos 14 millones de habitantes del AMBA.
- Dos consorcios privados en competencia por el control de la compañía.
En este contexto, una eventual participación de Transclor en el grupo controlador de AySA pondrá bajo la lupa las reglas aplicables a las licitaciones de insumos, la contratación de empresas relacionadas, la publicidad y trazabilidad de los precios, así como el alcance de las auditorías externas.
El rol del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) será clave para supervisar el cumplimiento de las normas de competencia y los compromisos de inversión, en un servicio considerado esencial para millones de usuarios.
Mientras avanza el proceso de privatización, el caso Filiberti se consolida como un test sobre cómo se compatibiliza la presencia de proveedores con intereses en el control accionario, y qué herramientas dispondrá el Estado para garantizar transparencia, competencia y calidad en un servicio básico como el acceso al agua potable.
