El titular del Juzgado Federal de Victoria, Federico Martin, intimó al ganadero Martín Esteban Stenner a que dé inicio a las tareas para desmantelar las murallas que construyó en el Delta
En una resolución emitida el miércoles 8 de noviembre, el juez Federal de Victoria, Federico Ángel Martin, le dio un plazo al empresario Martín Stenner para que cumpla con la resolución Nº 3.067 del 16 de noviembre de 2022, dictada por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, en la cual se le ordena que abra el paso a las aguas que impiden los terraplenes construidos en la Islas del Pillo, ubicada en el Delta del Paraná.
Tal como dio a conocer el periódico digital ambientalista ERA Verde, el intendente municipal de Victoria, Domingo Natalio Maicco elevó una nota al juez Martín donde planteaba el problema que corre el enlace vial hacia Rosario y que por sugerencia de la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos, se la había solicitado la intervención a Ambiente para poder tirar abajo los murallones.
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Maiocco intendente de Victoria expresó que se gestionó ante la Secretaría de Ambiente la intervención para “la demolición de un terraplén (…) propiedad de Martín Esteban Stenner”. Y comentó que el juez conoce al productor porque en su despacho se lleva una causa que acusa al ganadero por “acciones de modificación del ambiente de las islas”, prácticas que están prohibidas.
El juez también citó a presentarse de forma urgente a una reunión informativa al hacendado, el técnico de Hidráulica que intervino, la secretaria de Ambiente, el jefe de Vialidad Nacional, el presidente municipal de Victoria y el fiscal de Estado, éste último por ser el responsable de haber tenido que controlar la destrucción de las obras ilegales.
Lee la resolución completa:
https://es.scribd.com/document/683154711/Terraplenes-Resolucion-3-067-22#fullscreen&from_embed
Frente a esta situación, y en virtud de la tutela del amparo ambiental que rige para el Delta, desde el Juzgado Federal se tomó intervención dado “la urgencia que el caso impone” y “en razón de los bienes y derechos colectivos”, se argumentó.
Tal cual lo publicó el diario UNO Entre Ríos, hace 10 años se le pide institucionalmente al empresario rural que tire abajo 24 terraplenes que levantó de forma irregular.