Las audiencias se realizaron en Hamburgo y estuvieron centradas en el proyecto Sea Lion, que busca avanzar con la explotación de hidrocarburos al norte de las islas. La Argentina pidió suspender las actividades británicas mientras que Londres cuestionó la competencia del organismo internacional. La resolución podría conocerse en los próximos días.
Argentina y el Reino Unido concluyeron este miércoles sus exposiciones ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Hamburgo, Alemania, en el marco de la disputa por la explotación petrolera en las Islas Malvinas. El Gobierno argentino busca que el organismo dicte medidas provisionales para frenar el proyecto Sea Lion, impulsado por empresas británicas e israelíes en la Cuenca Malvinas Norte.
Durante la última jornada, la delegación nacional ratificó su pedido de suspender las actividades vinculadas con la iniciativa y sostuvo que la explotación unilateral de recursos naturales en un territorio cuya soberanía está en disputa afecta los derechos argentinos sobre la plataforma continental.
La presentación estuvo encabezada por Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, quien expuso los fundamentos jurídicos del reclamo y pidió que el Reino Unido se abstenga de avanzar con nuevas perforaciones, instalar infraestructura de producción y otorgar otras autorizaciones en la zona.
La Argentina también solicitó que Londres deje de utilizar información obtenida durante las tareas de exploración en perjuicio de los derechos nacionales y que permita cumplir con las obligaciones de protección ambiental previstas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Desde el Gobierno sostienen que la extracción de hidrocarburos produciría un daño irreparable, debido a que se trata de recursos no renovables cuya explotación no puede revertirse una vez realizada.
Por su parte, el Reino Unido rechazó la intervención del Tribunal y argumentó que el planteo argentino encubre una controversia de soberanía territorial, una cuestión que, según su interpretación, excede las atribuciones del organismo. La representación británica defendió además el derecho de los habitantes de las islas a desarrollar sus recursos naturales y sostuvo que las actividades previstas no comenzarían antes de marzo de 2027.
El proyecto Sea Lion está ubicado a unos 198 kilómetros al norte de las Malvinas y es operado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La iniciativa contempla la perforación de 23 pozos y una etapa de producción que podría extenderse durante 35 años.
Uno de los principales argumentos argentinos es que las resoluciones de Naciones Unidas instan a las partes a evitar decisiones unilaterales que puedan modificar la situación mientras continúe pendiente la disputa de soberanía. En particular, la resolución 31/49 de 1976 es utilizada por Buenos Aires para cuestionar las autorizaciones británicas para avanzar con la explotación petrolera.
El Tribunal deberá determinar ahora si se cumplen las condiciones jurídicas para disponer medidas provisionales: que exista una jurisdicción inicial para intervenir, que los derechos invocados sean plausibles y que haya una situación de urgencia que justifique una decisión antes de que se constituya el tribunal arbitral encargado de analizar el fondo de la controversia.
La resolución podría conocerse el viernes 13 de noviembre, aunque también existe la posibilidad de que el organismo extienda sus deliberaciones hasta los días siguientes. La decisión no resolverá la cuestión de fondo sobre la soberanía de las Islas Malvinas, sino que se limitará a establecer si corresponde adoptar medidas urgentes para preservar los derechos en discusión.
El planteo representa un nuevo capítulo en el reclamo argentino por las islas y sus recursos naturales. Mientras Buenos Aires busca impedir que avance la explotación petrolera sin un acuerdo entre las partes, Londres sostiene que cuenta con facultades para autorizar las actividades en el área. La decisión del Tribunal marcará el próximo paso de una controversia que combina intereses económicos, ambientales y diplomáticos.
