Estafa millonaria en Parque Leloir abre un frente político en Ituzaingó
NewsITe
Una presunta estafa piramidal por montos que superarían el millón de dólares, con base de operaciones en el exclusivo barrio de Parque Leloir, puso bajo fuerte presión política al intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo. La investigación judicial apunta a una estructura de captación de ahorros que habría funcionado sin los controles municipales adecuados en una de las zonas de mayor poder adquisitivo del distrito del oeste bonaerense.
De acuerdo con la causa, a la que tuvo acceso Noticias Argentinas, los principales acusados son el abogado Ángel Elías Gómez, detenido en una vivienda de Villa Ariza, y Juan Ignacio Lombardo, actualmente prófugo y con pedido de captura. Ambos se presentaban como responsables de Avalon Capital Futures Investments, una firma que ofrecía tentadoras oportunidades de inversión en futuros, Bolsa, criptomonedas y negocios vinculados a la soja.
El esquema captaba fondos mediante recomendaciones personales, vínculos sociales y una imagen de solvencia construida a partir de supuestas credenciales empresariales. Los aportes, según la documentación secuestrada, iban desde los 50.000 hasta los 350.000 dólares, con promesas de rentabilidades mensuales del 2,5% al 5%, muy por encima de las opciones tradicionales del sistema financiero formal.
La oficina en Parque Leloir y el rol del municipio
El dato clave para la política local es que Avalon Capital Futures Investments operaba desde una oficina del Complejo Thays, en pleno Parque Leloir, sin contar con autorización del Banco Central ni con una constitución societaria formal respaldada ante los organismos competentes. Esa irregularidad abre interrogantes sobre el control comercial ejercido por el municipio sobre actividades que manejaban cifras millonarias dentro del distrito.
Fuentes judiciales señalaron que no se atribuye responsabilidad penal al intendente Descalzo por lo que se investiga como una estafa entre privados. Sin embargo, en el plano político se le exige que el Ejecutivo municipal detalle qué tipo de habilitación tenía la oficina, bajo qué rubro declaraba su actividad, qué inspecciones se realizaron y si existían señales de operaciones financieras que no se correspondían con la habilitación otorgada.
La mecánica descripta en el expediente es recurrente en fraudes de características piramidales: en una primera etapa se cumplen puntualmente los pagos para generar confianza entre los inversores, pero con el correr de los meses comienzan las demoras, las excusas y, finalmente, el silencio. Ese patrón habría sido detectado por los investigadores a partir de múltiples denuncias de damnificados.
Investigación en curso y posibles nuevos damnificados
Hasta el momento, la causa concentra al menos cinco hechos de estafa reiterada, aunque los investigadores sospechan que podrían aparecer más víctimas. En los allanamientos recientes se secuestraron carpetas con contratos y registros de aportes, elementos que permitirán reconstruir el flujo de dinero y determinar el alcance real del daño económico.
- El abogado Ángel Elías Gómez fue detenido en Villa Ariza.
- Juan Ignacio Lombardo sigue prófugo con pedido de captura.
- Los aportes iban de 50.000 a 350.000 dólares por inversor.
- Se prometían ganancias mensuales del 2,5% al 5%.
- La firma no tenía autorización del Banco Central ni respaldo societario formal.
La pregunta que sobrevuela la política local es contundente: quién controla lo que ocurre detrás de las puertas de los complejos comerciales de Ituzaingó, especialmente cuando se mueven montos millonarios y se ofrecen productos financieros sin supervisión estatal.
Mientras la Justicia avanza en la identificación de nuevos perjudicados y en la trazabilidad del dinero, el caso ya impacta en la gestión de Descalzo. En un contexto económico marcado por la desconfianza y la búsqueda de alternativas de inversión, el expediente de Parque Leloir vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, coordinación con organismos nacionales y prevención de fraudes financieros en el ámbito municipal.
