“Por sus acciones solidarias con los familiares de los presos políticos y de los secuestrados desaparecidos recibía anónimos amenazantes por parte del teniente coronel Saint Amant. En las agendas del obispo castrense Bonamin se manifiesta la preocupación por el ´obispo rojo´ de la diócesis de San Nicolás”, recordó a EL NORTE Anabel Longinotti.
De la Redacción de EL NORTE
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Tras la feria judicial de verano, el 2 de febrero se reiniciaron las audiencias de cuatro de los once juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. La referente local de la Mesa de la Memoria por la Justicia Anabel Longinotti marcó en diálogo con EL NORTE: “Esperamos que las circunstancias de la muerte de Ponce de León se esclarezcan en un juicio oral y público”.
“Se inicia el año judicial 2023. Muchas causas por delitos de lesa humanidad volverán a convocar nuestra atención a lo largo y ancho de la Argentina y desde San Nicolás seguimos con la expectativa de que la Cámara de Apelaciones de Rosario habilite la posibilidad de realizar el juicio oral y público que permita esclarecer las circunstancias de la muerte de monseñor Ponce de León el 11 de julio de 1977. Sabemos de su actividad pastoral preocupada y comprometida con los más necesitados. Por sus acciones solidarias con los familiares de los presos políticos y de los secuestrados desaparecidos recibía anónimos amenazantes por parte del teniente coronel Saint Amant, jefe del área militar 132 con sede en el cuartel de San Nicolás. En las agendas del obispo castrense Bonamin se manifiesta la preocupación por el ´obispo rojo´ de la diócesis de San Nicolás. La justicia tiene que permitir que se realice este juicio esclarecedor. Desde la Mesa de la Memoria por la Justicia estamos empeñados en seguir difundiendo nuestra preocupación por el estancamiento de la elevación a juicio de la causa Ponce de León”, expresó.
Pedido de mayor celeridad
Hacia fines de 2022, la querella, familiares y organizaciones reclamaron celeridad en la causa por la muerte del Obispo Ponce de León.
Las presentaciones, los pedidos y las acciones se dirigen hacia el Presidente de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario Dr. Guillermo Toledo. La urgencia remite –entre otras cuestiones- a que algunos testigos son de avanzada edad. El expediente y la investigación en contexto de Terrorismo de Estado lleva años sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
Apelan a ´la vocación del Tribunal de impartir justicia, así como resolver y sanar las heridas que dejó el Terrorismo de Estado con sus crímenes de Lesa Humanidad´. Solicitan colectivamente alternativas de lugares posibles y la fijación de fechas prontas, para esclarecer los hechos en torno al fallecimiento del Obispo que luchara por la defensa de los derechos sociales de los más vulnerables.
“Seguimos con la expectativa de que la Cámara de Apelaciones de Rosario habilite la posibilidad de realizar el juicio oral y público que permita esclarecer las circunstancias de la muerte de monseñor Ponce de León el 11 de julio de 1977. Sabemos de su actividad pastoral preocupada y comprometida con los más necesitados”.
Anabel Longinotti, referente local de la Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás.
Audiencias en cuatro juicios
En La Plata continúa el juicio “Hogar de Belén” que tiene como imputados a seis ex efectivos policiales, a un ex ministro de Gobierno bonaerense y a una ex secretaria judicial. Las víctimas son una pareja militante que había sido alojada por una mujer de la organización Montoneros que permanece desaparecida, y sus tres hijos, quienes resultaron apropiados y alojados en el hogar, donde atravesaron situaciones de abusos sexuales.
En San Juan proseguirá el megajuicio que juzga a ex integrantes de las fuerzas de seguridad y al ex fiscal federal Juan Carlos Yanello, acusado de homicidio agravado, privación abusiva de la libertad, tormentos agravados, robo y abuso sexual cuando ejercía su cargo.
En Río Negro se reanudan los alegatos en el juicio “Forchetti-Codina residual” que aborda los casos de privación ilegal de la libertad agravada hacia nueve personas que estuvieron secuestradas en las comisarías de Sierra Grande y Primera de Viedma, en el marco de una asociación ilícita.
En Mendoza continuarán los alegatos de las defensas en el juicio “Destacamento de Inteligencia 144 y Fuerza Aérea” que aborda la responsabilidad penal de 20 imputados por crímenes de lesa humanidad contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres ejecutadas.