El Gobierno español aprobó dos decretos ley con nuevas medidas sobre vivienda y pidió al Congreso que los trate de manera urgente este viernes. Las disposiciones amplían la protección frente a los desalojos hasta 2030 y establecen cambios para alquileres y contratos vigentes.
El Gobierno de España aprobó este martes dos decretos ley con una serie de medidas destinadas a intervenir sobre la crisis habitacional que atraviesa el país, entre ellas la extensión hasta 2030 de la protección frente a los desalojos. El Ejecutivo pidió al Congreso que celebre este viernes un pleno urgente para definir la convalidación o derogación de ambas normas.
La decisión se produjo en medio de las protestas por el caso de Maricarmen, una mujer de 87 años que tuvo que abandonar el departamento que había alquilado durante 70 años en Madrid.
El Ejecutivo solicitó la convalidación “inmediata” de los decretos “debido a la importancia de estas medidas” para “defender los intereses y los derechos de la ciudadanía”.
En España, los decretos ley entran en vigencia después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una vez que reciben la aprobación del Consejo de Ministros. A partir de ese momento, el Congreso dispone de un plazo de 30 días para debatirlos.
Sin embargo, el Gobierno busca acelerar ese procedimiento y convocar a una sesión extraordinaria este viernes, sin esperar los plenos ordinarios previstos para las próximas semanas. El Congreso ya prepara una modificación de su agenda para incorporar la sesión.
Protección contra desalojos y cambios en los alquileres
Los dos decretos incluyen diferentes medidas relacionadas con el acceso y la permanencia en las viviendas. Una de las principales disposiciones amplía hasta 2030 la protección frente a los desalojos.
El paquete también establece una regulación para los alquileres de temporada y de habitaciones. A su vez, contempla la prohibición de la compra por parte de fondos buitre hasta 2028.
Las medidas incluyen además una prórroga de dos años para los contratos de alquiler actualmente vigentes que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
El Gobierno también alcanzó un acuerdo para establecer la renovación automática de los alquileres. Esa modificación formará parte de un segundo real decreto junto con otras disposiciones.
El Congreso deberá definir el futuro de los decretos
La coalición de Gobierno integrada por PSOE y Sumar pretende que los dos decretos ley se debatan y voten por separado durante el pleno solicitado para este viernes.
La votación determinará si el Congreso convalida ambas normas o si alguna queda derogada después de apenas dos días de vigencia.
La solicitud de tratamiento urgente llega después de que el Consejo de Ministros aprobara las medidas este martes y mientras el caso de Maricarmen concentra las protestas vinculadas con la situación habitacional en España.
