El oficialismo logró media sanción en una votación dividida

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El Senado de la Nación aprobó y giró a la Cámara de Diputados un proyecto clave para la política de transporte: la desregulación del cabotaje y la habilitación de buques extranjeros para operar entre puertos argentinos. La iniciativa apunta a ampliar la oferta de naves para el traslado de mercaderías, bajar los costos logísticos y mejorar la competitividad de las economías regionales, especialmente del Norte Grande.
El texto, impulsado por las senadoras Carolina Moises (Convicción Federal) y Silvana Schneider (UCR), contó con el respaldo del Gobierno nacional y de gobernadores del norte del país. Fue aprobado por 42 votos aportados por La Libertad Avanza, Convicción Federal, Movimiento por Misiones, Despierta Chubut y Primeros los Salteños. En contra se pronunciaron 24 senadores del Bloque Justicialista y de Moveré Santa Cruz, que advirtieron por el impacto en el empleo y la soberanía.
La norma propone ampliar el transporte de cargas por agua, sumar nuevos operadores, agilizar trámites y aprovechar en mayor medida la infraestructura portuaria existente. El objetivo central es desplazar parte del tráfico que hoy depende casi exclusivamente del transporte automotor de larga distancia, con altos costos y fuerte incidencia en el precio final de los productos.
Apoyos, críticas y debate en el recinto
Durante el debate, Moises remarcó que el nuevo régimen de cabotaje y marina mercante surge del consenso de gobernadores, en particular del Norte Grande, quienes cuestionan que la producción regional deba absorber altos costos para llegar a los puertos del Gran Buenos Aires. Schneider, por su parte, subrayó que la reforma permitirá aprovechar la capacidad de la flota que ya opera en la hidrovía, conectando puertos con la producción del interior.
Desde Misiones, la senadora Sonia Decut Rojas defendió la iniciativa al considerar que ofrece una herramienta concreta para hacer más competitivas a las economías regionales. Del otro lado, el senador justicialista Jorge Capitanich pidió que el proyecto volviera a comisión y reclamó evitar una desregulación que, a su juicio, ponga en riesgo la industria naval nacional y el empleo argentino.
Qué cambia con el nuevo régimen de cabotaje
- Autoriza a buques de bandera extranjera a realizar actividades de navegación, comunicación y comercio de cabotaje nacional entre puertos argentinos.
- Reserva de forma exclusiva a buques de bandera argentina –o con tratamiento equivalente– la pesca, el transporte de combustibles, el remolque de maniobra, lanchas de amarre, navegación deportiva y lanchas de prácticos.
- Establece que las condiciones laborales de las tripulaciones se regirán por la legislación del país de bandera de cada buque.
- Obliga a las agencias marítimas a informar sus actividades a la Administración de Puertos y a los organismos de control competentes.
- Prohíbe operar en el cabotaje nacional a buques vinculados con empresas que hayan prestado servicios a operadores no autorizados en áreas de hidrocarburos de la plataforma continental argentina.
- Crea un régimen de promoción tributaria que permite a armadores nacionales amortizar de manera acelerada bienes destinados al cabotaje, en un mínimo de dos cuotas anuales iguales y consecutivas.
“El cabotaje está reservado a la bandera argentina desde 1944. Como no hay buques suficientes, funciona a fuerza de excepciones. La ley vuelve regla la excepción”, explicó el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, al defender el proyecto.
La propuesta es cuestionada por gremios de camioneros, navieros y armadores locales, que advierten que la mayor participación de buques extranjeros podría desplazar flota y mano de obra nacional. El texto ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley en medio de una discusión que promete reeditar el choque entre el objetivo de reducir costos logísticos y las preocupaciones por la industria y el trabajo argentinos.

