“Solicitamos que se designe un nuevo juez que esté dispuesto a tomar las indagatorias que corresponden en breve, evitando todo tipo de medidas dilatorias, y por sobre todas las cosas, que sea justo y veraz para emitir sentencia”, marcaron en el documento entregado esta semana en los Tribunales Federales de Rosario, grupos y particulares de San Nicolás y la región en relación a la investigación de los hechos de la muerte de quien fuera Obispo de nuestra ciudad.
De la Redacción de EL NORTE
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El próximo 11 de julio se cumplen 48 años de la muerte de quien fuera Obispo de la Diócesis de San Nicolás Carlos Horacio Ponce de León, en circunstancias que son motivo de una investigación judicial en curso. Esta semana, grupos de San Nicolás y la región entregaron un petitorio para solicitar mayor celeridad y la designación de un nuevo juez para la causa considerando la delicada situación procesal de Marcelo Bailaque, acusado de vinculaciones con el narcotráfico. El documento cuenta con unas 500 firmas.
La carta se encuentra dirigida a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, a su Presidenta Dra. Silvina Andalaf Casiello y a los Jueves de la Sala B y de la Cámara. “Nos dirigimos a ustedes en esta oportunidad a fin de poder manifestarles nuestra inquietud ante la situación del juez federal
Marcelo Bailaque -de público conocimiento- y el perjuicio tan grande que esta supone a la causa de monseñor Carlos Horacio Ponce de León, al provocar una nueva e inaceptable dilación a la resolución de un hecho tan caro a la vida de la Iglesia argentina, que lleva 48 años ya esperando justicia. En las circunstancias tan graves por las que atraviesa el juez subrogante de la causa, Dr. Marcelo Bailaque, y dado que el juez titular, Dr. Carlos Villafuerte Ruzo, se encuentra apartado de la misma por disposición de la Justicia, nos parece justo y oportuno solicitarles tengan a bien efectuar el pase de ésta a un nuevo juez subrogante tan pronto como sea posible, para no continuar agregando dilaciones que en este caso favorecen la impunidad, y para que finalmente la biología no termine de cerrar todas las posibilidades de justicia. Solicitamos pues que se designe un nuevo juez que esté dispuesto a tomar las indagatorias que corresponden en breve, evitando todo tipo de medidas dilatorias, y por sobre todas las cosas, que sea justo y veraz para emitir sentencia, puesto que Bailaque no es el primero en frustrar esta racional demanda, sino ya el tercero que padecemos en esta causa tan plagada de dilaciones. Asimismo rogamos se resuelva el recurso que se interpuso ante esta Cámara por la inacción del dicho juez, para que pueda seguir su curso el llamado a indagatoria, injustamente retardado, de los pocos imputados que aún quedan”, manifestaron los solicitantes.
Solicitantes
El documento cuenta con la firma de cientos de particulares así como también de la Comisión Diocesana Pro Informe Testimonial sobre Ponce de León, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Espacio Interreligioso Patrick Rice Fraternidad Laica San Carlos de Foucauld, Grupo 11 de julio amigos de Ponce de León, Asociación Civil por la Memoria y los DDHH Pergamino, Encuentro Regional por Memoria y Justicia (ciudades del noroeste de provincia de Buenos Aires), Hermanos de Ponce de León clero y vida consagrada con memoria y gratitud, Colectivo de Teología de la Liberación Pichi Meisegeier y Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás.
“La situación del juez ha postergado y parado toda acción. El fiscal presentó hasta una queja porque no se llamaba a declaración a quienes están implicados en la causa. Y todo está en ese punto, que es el paso pendiente para la determinación de un juicio. Esto ha sido larguísimo, y se extiende aún más según parece”, expresó consultado por EL NORTE el referente de la Comisión Diocesana vinculada, el sacerdote Aníbal Pollacchi.
Reapertura de la investigación
Según consta en el sitio argentina.gob.ar, en 2023 se reabrió la causa para investigar la muerte del obispo Ponce de León como un crimen de lesa humanidad. La Cámara Federal de Rosario hizo lugar al pedido de la fiscalía y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos para que la muerte del religioso se investigue como un homicidio en el marco del terrorismo de Estado.
Ponce de León era el obispo de San Nicolás y falleció en la mañana del 11 de julio de 1977, cuando su auto chocó con una camioneta en la Ruta Nacional 9. El caso se cerró rápidamente como un supuesto accidente de tránsito: el conductor del otro vehículo fue condenado por homicidio culposo un año después. “Sin embargo, con la recuperación de la democracia, surgieron nuevas pruebas que pusieron en duda la versión oficial, ya que el religioso era víctima de graves amenazas por su defensa de detenidos por razones políticas”, indican en la página oficial.
El pedido de reapertura de la causa fue presentado en febrero de 2020 por el Ministerio Público Fiscal, al que también adhirió la Secretaría de Derechos Humanos. El planteo fue rechazado en primera instancia por el Juzgado Federal 2 de San Nicolás; por lo que, en agosto de 2021, ambas partes recurrieron ante la Cámara Federal de Rosario. En junio de 2022, en una audiencia presencial convocada por la Cámara Federal, la fiscalía y la querella de la Secretaría repasaron las nuevas pruebas y las irregularidades constatadas durante la investigación original. En particular, la Secretaría aportó el informe del perito Jorge Geretto, quien reconstruyó la mecánica de los hechos y concluyó que la colisión no había sido accidental y que se habría tratado de un atentado premeditado contra el obispo. A partir de lo expuesto en esa audiencia, los camaristas decidieron revertir el fallo de primera instancia y anular la sentencia original. Consideraron que “no resulta intangible una sentencia firme cuando, como en el caso, se podría estar ante el incumplimiento por parte del Estado de sus deberes de investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos”. Destacaron en ese sentido las irregularidades en la causa original y los testimonios y documentación que señalan que el obispo estaba siendo objeto de operaciones de inteligencia, seguimientos y amenazas por parte de los órganos represivos.
Con motivo de esta resolución de la Cámara, la justicia debería investigar la muerte del religioso como un crimen de lesa humanidad y tomar declaración indagatoria a ex militares del Área 132 del Ejército, que tenía jurisdicción sobre San Nicolás, así como al conductor de la camioneta que participó en el incidente y a su acompañante.
