Reforma clave para crear empresas con menos control estatal
NewsITe
El Senado de la Nación abrirá este miércoles el tratamiento en comisión de un proyecto de reforma integral de la Ley General de Sociedades, vigente desde 1972, que introduce cambios profundos en la forma de crear y organizar empresas en la Argentina. La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, apunta a reducir al mínimo la intervención del Estado y habilitar nuevas figuras societarias basadas en inteligencia artificial y tecnología blockchain.
El debate comenzará a las 15.30 en la Comisión de Legislación General, presidida por la senadora libertaria neuquina Nadia Márquez. Allí se realizará una reunión informativa en la que funcionarios del Poder Ejecutivo explicarán los principales lineamientos del proyecto, que busca aggiornar el marco normativo al funcionamiento de la economía digital y a modelos de organización empresaria más flexibles.
Sturzenegger concurrirá al Congreso acompañado por la subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Paula Taddei Farfán, y por el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez. El equipo expondrá los fundamentos de una propuesta que, según sus autores, apunta a “terminar con la tutela estatal” sobre la forma en que los socios acuerdan sus negocios y repensar el rol de los registros públicos.
Nuevas figuras: sociedades automatizadas y DAO
Entre las novedades más relevantes aparece la creación de la “Sociedad Automatizada”, un tipo de empresa que podría operar mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial, sin necesidad de contar con empleados para su operatoria ordinaria. También se incorporan las “Organizaciones Autónomas Descentralizadas” (DAO), estructuras total o parcialmente autónomas, con participaciones tokenizadas y registradas en blockchain.
El texto establece que las normas legales tendrán carácter supletorio frente al estatuto: es decir, primarán los acuerdos entre las partes, y las restricciones estatales deberán ser excepcionales y de interpretación estricta. Los registros públicos ya no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la propia ley permite, lo que supone un recorte de facultades burocráticas y un reconocimiento ampliado a la autonomía de la voluntad de los socios.
Digitalización plena y apertura a nuevos aportes
- Se habilita la digitalización total de la vida societaria: domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia y constitución mediante firma digital o electrónica.
- Se incorpora la figura del domicilio y la sede electrónica, clave para empresas que operan en plataformas, equipos remotos o estructuras distribuidas.
- Se amplía el concepto de aportes posibles, incluyendo bienes, derechos, créditos, activos digitales, prestaciones de hacer o de dar y otros recursos intangibles con valor económico.
De este modo, el proyecto reconoce el peso creciente de los activos tecnológicos y digitales en la economía actual, donde el valor de una empresa muchas veces reside en desarrollos de software, datos, marcas, algoritmos o soluciones basadas en la nube, más que en bienes físicos tradicionales.
Uno de los puntos controvertidos es la posibilidad de que las sociedades pacten someter sus conflictos internos al derecho extranjero o al derecho mercantil internacional, así como establecer cláusulas arbitrales para resolver disputas al margen de la justicia ordinaria argentina.
Otro cambio significativo es la ampliación del objeto social, que podrá ser amplio, plural y sin la obligación de conexidad entre las actividades descriptas. Esto permitiría a las sociedades participar en rubros muy diversos sin tener que modificar su estatuto en cada reconversión del negocio. El oficialismo sostiene que la reforma moderniza el sistema societario y lo vuelve más competitivo, mientras que la oposición y especialistas jurídicos anticipan un fuerte debate en torno al impacto sobre los controles estatales y la protección de socios y acreedores.
