Debate en el Senado por cambios clave en salud mental
NewsITe
El Senado de la Nación dio un paso decisivo en la reforma de la Ley de Salud Mental al avanzar con el dictamen de comisión de un proyecto que introduce cambios profundos en el régimen de internaciones, el abordaje de las adicciones y la articulación con las provincias. La iniciativa, impulsada por el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) y acompañada por bloques aliados, busca habilitar internaciones involuntarias en situaciones de riesgo grave y sumar a las adicciones, incluida la ludopatía, dentro del espectro de las enfermedades de salud mental.
El dictamen fue consensuado entre LLA, la UCR, el PRO, Movimiento por Misiones y Moveré Santa Cruz, tras semanas de negociaciones y modificaciones al proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo. Sin estos cambios, varias bancadas provinciales y aliadas se mostraban reacias a acompañar la iniciativa en el recinto, donde el oficialismo pretende llevarla a debate en la próxima sesión.
Entre los puntos centrales, se mantiene la prohibición de creación de nuevos manicomios, en línea con el enfoque de desmanicomialización que viene impulsándose desde hace años, pero se introducen ajustes en los mecanismos de internación y en la relación con el Poder Judicial. También se crea un esquema de cooperación económica entre Nación y provincias para sostener la implementación de la norma.
Internaciones involuntarias: cómo será el nuevo esquema
Uno de los cambios más sensibles es la regulación de las internaciones involuntarias. El dictamen establece que podrán realizarse “ante riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros”, y habilita que la decisión inicial pueda ser tomada por un solo médico, sin que necesariamente deba ser psiquiatra, en contextos de emergencia.
Esa internación deberá ser revalidada en un plazo máximo de 48 horas por un equipo interdisciplinario, que podrá realizar teleconsultas con un profesional psiquiatra en los casos en que no se encuentre disponible in situ. Además, se fija la obligación de comunicar la internación a la Justicia, modificando el esquema anterior que colocaba en manos de un juez la resolución del caso desde el inicio.
Como requisito, se incorpora la necesidad de contar con un plan de egreso desde el momento del diagnóstico, con notificación anticipada al representante legal, cónyuge conviviente, padres o hijos, para coordinar las condiciones de salida del paciente y su acompañamiento posterior en el ámbito familiar y comunitario.
Adicciones y protección de niñas, niños y adolescentes
El proyecto amplía el abordaje de las adicciones al reconocer explícitamente que forman parte de los trastornos de salud mental, incorporando la ludopatía y otros consumos problemáticos dentro del abanico de situaciones contempladas por la ley. De este modo, se habilitan dispositivos de tratamiento específicos y se refuerza la obligación del Estado de brindar atención integral.
En el caso de niñas, niños y adolescentes, el dictamen establece que deberán ser asistidos por equipos con formación infanto-juvenil y que, en caso de requerir internación, ésta deberá realizarse en espacios separados de los adultos, en línea con estándares internacionales de derechos humanos.
Posiciones encontradas y pedidos de mayor consenso
Durante el debate en comisiones, la senadora ponente, Silvia Arrascaeta, remarcó que el texto “fue debatido por más de 70 expositores invitados por legisladores de distintos bloques” y subrayó que se recibieron “16 informes de provincias”, lo que, según dijo, demuestra que la reforma no se elaboró “de espaldas a la sociedad”. “No podemos seguir esperando que la situación se agrave. Esta reforma es para dejar de llegar tarde y para que ninguna familia se sienta sola”, enfatizó.
Desde la vereda crítica, el senador justicialista Jorge Capitanich planteó la necesidad de postergar el tratamiento en el recinto para analizar con mayor profundidad los cambios propuestos por LLA. Advirtió que una modificación de este alcance “requiere un amplísimo consenso de los gobernadores y de los ministros de Salud de cada jurisdicción”, así como certezas sobre el financiamiento y la asignación de recursos humanos para atender una problemática “compleja y creciente”.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, defendió el dictamen al sostener que se está “reformando un concepto respecto a qué sucede con personas con trastornos de salud mental que no están en condiciones de tomar decisiones, con situaciones de riesgo para ellas o terceros”. Destacó que la propuesta introduce “una concepción mucho más preventiva, un cambio de paradigma para salvar la vida de personas con trastornos severos”.
“No estamos cerrados y hemos escuchado a todos los bloques”, remarcó Bullrich, al pedir que se considere el dictamen en la próxima sesión del Senado.
Desde Movimiento por Misiones, el senador Carlos Arce respaldó la iniciativa al considerar que “las reformas que se introducen resultan necesarias para mejorar la salud mental”. Con el dictamen ya firmado, el oficialismo queda a un paso de abrir un debate que, de llegar al recinto, volverá a poner en primer plano la tensión entre derechos, urgencias sanitarias y capacidades reales del sistema de salud en todo el país.
