Los profesionales que brindan terapias en San Nicolás advierten que la eliminación del nomenclador de prestaciones básicas pone en riesgo la continuidad de los tratamientos, apoyos y derechos. Grupos locales de familias de personas con síndrome de Down y trastornos del espectro autista alertan además sobre artículos que atentan contra la igualdad de oportunidades y la posibilidad de una vida digna y autónoma.
De la Redacción de EL NORTE
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Distintos sectores vinculados a discapacidad advierten retrocesos a partir de la presentación del presupuesto 2027 y las medidas propuestas por parte del Gobierno nacional. Durante la presente jornada, las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda buscarán emitir dictamen. La oposición impulsa extender la Ley 27.793 hasta fines de 2027, mientras La Libertad Avanza negocia una propuesta alternativa con sus aliados. La discusión quedó atravesada por la reciente renuncia del secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches.
En diálogo con EL NORTE, las partes afectadas manifestaron su preocupación. Los prestadores se mantienen en alerta mientras que grupos locales de familias de personas con síndrome de Down y trastornos del espectro autista —entre otros— alertan además sobre artículos que atentan contra la igualdad de oportunidades y la posibilidad de una vida digna y autónoma.
El corazón de la reforma apunta a desregular el nomenclador de prestaciones básicas, que “ya no incluirá valores universales”, sino a negociar particularmente. Otro punto fundamental es que se propone volver al esquema de pensión por invalidez, por el cual el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ya no será garantía de accesibilidad e inclusión. Tampoco se podrá percibir este beneficio si alguien cuenta con un empleo registrado. Los cambios pretenden incidir sobre aspectos históricos del régimen que está vigente desde hace más de 30 años.
Además, el artículo 39 del Presupuesto también deja sin efecto la actualización automática mensual de los valores de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria. En otro orden de cosas, se deroga el artículo 5 de la Ley 27.793, que define a la persona con discapacidad remitiendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De esta manera, se le da al Poder Ejecutivo discrecionalidad para elevar los requisitos para que una persona pueda ser considerada discapacitada, y así depurar la nómina de beneficiarios.
Personas con proyectos de vida
Marisol Seperizza, madre del grupo local de padres de personas con síndrome de Down, manifestó: “Las personas con discapacidad no son solamente beneficiarias de prestaciones. Son personas con proyectos de vida. Quieren estudiar, trabajar, practicar un deporte, tener amigos, tomar decisiones y ser cada vez más autónomas. Por eso nos preocupa especialmente que se elimine la compatibilidad entre la pensión y el trabajo bajo determinadas condiciones. ¿Qué mensaje le estamos dando a una persona con discapacidad que logra conseguir un empleo? ¿Que para trabajar tiene que arriesgarse a perder una protección que todavía necesita? La inclusión laboral debería significar avanzar hacia la autonomía, no tener que elegir entre trabajar y conservar los apoyos necesarios para sostener esa autonomía”.
Por otra parte, explicó que “los apoyos no son un privilegio”. “Para una persona con discapacidad, muchas veces son la condición que hace posible estudiar, comunicarse, trabajar, trasladarse, participar en un club, relacionarse con otros y desarrollar una vida lo más independiente posible. Las familias no queremos que nuestros hijos dependan eternamente de una pensión. Para eso necesitan una red que los acompañe. Cuando hablamos de estos cambios, no estamos hablando solamente de presupuesto. Las familias queremos que nuestros hijos tengan futuro, derechos que acompañen sus avances, no derechos que desaparezcan cada vez que logran dar un paso hacia adelante”, concluyó.
“Una reforma que solo entorpece”
Por su parte, la referente de “TGD Padres TEA San Nicolás”, Patricia Sánchez, expuso: “Como grupo de padres no tenemos bandera política, pero hay una realidad: se están proponiendo y haciendo cosas que perjudican a las personas con discapacidad y no nos podemos mantener al margen. Cualquier reforma que se quiera hacer sobre la discapacidad debería proteger los derechos de las personas con discapacidad y no ir en contra de ellos. Debe garantizar la protección, la salud, la educación, la continuidad de apoyos que mejoren su calidad de vida y las posibilidades de independencia y autonomía de las personas con discapacidad. Una reforma como esta que se propone solo entorpece”.
La referente del espacio local advirtió que “antes de generar nuevas leyes o artículos, las propuestas deben apoyarse en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —a la que la Argentina adhiere— y en la misma Constitución Nacional”.
“Tener una discapacidad no significa que tengas incapacidad para trabajar. No todas las personas con discapacidad pueden trabajar, pero si merecen que se respete la posibilidad de hacerlo. En un país donde el trabajo no es algo seguro, donde hay mucho desempleo, no se puede plantearle a una persona con discapacidad que cobra las monedas de una pensión que renuncie a esta en caso de que se le presente la oportunidad de trabajar. Nadie vive solo con una pensión de discapacidad porque no alcanza ni para comer. Una persona pensionada por discapacidad suele recibir apoyo de su familia y no puede adquirir independencia completa. La oportunidad de tener un trabajo ayuda a esa independencia. El autismo es para toda la vida. Cada persona con autismo es única. Los derechos no pueden ser vistos como un gasto. Esperemos que el Estado tome conciencia, piense y escuche a las personas con discapacidad y a sus familias antes de proponer ideas que perjudican y no ayudan en nada a la sociedad”, apeló.
El nomenclador, más que números
Los prestadores locales que brindan terapias vinculadas a la discapacidad se mantienen en estado de alerta. “Esperamos que se prorrogue la ley de emergencia y que no se toquen los ítems que quieren sacar del presupuesto 2027. No se trata solo de números. Al desregular el nomenclador, está en juego la continuidad de los tratamientos, el trabajo de los prestadores y, fundamentalmente, los derechos de las personas con discapacidad”, señalaron a este medio.
En este sentido, las familias acompañan e indican que el nomenclador no trata solamente de números. “Hay terapias, profesionales, centros de día, transportistas, acompañamientos y equipos interdisciplinarios que sostienen procesos que muchas veces llevan años. Nos preocupa que una misma prestación pueda terminar teniendo distintos valores según la obra social, la prepaga o la jurisdicción, y que la sostenibilidad de los servicios quede cada vez más condicionada a negociaciones particulares. Y cuando los aranceles no acompañan los costos reales, el problema finalmente llega a las familias: prestaciones que se reducen, profesionales que dejan de trabajar con discapacidad, tratamientos que se interrumpen y familias que terminan pagando de su bolsillo lo que deberían garantizar las políticas públicas”, sostuvo Seperizza.
Sánchez definió que terminar con el nomenclador y “liberar a las obras sociales para que paguen cuándo y cómo quieran genera desorden y desigualdad”.
