El municipio de Ramallo es cuestionado por no poder justificar el incremento del Presupuesto del año siguiente. Si bien nombró algunos motivos, no detalló a dónde irán dirigidos los recursos.
El Departamento Ejecutivo municipal presentó ante el Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto 2027, que contempla un incremento del 25% respecto del ejercicio vigente. La actualización fue justificada por la evolución inflacionaria, mientras que el Gobierno local señaló a la salud, la seguridad, la obra pública y la educación como principales prioridades. Sin embargo, detrás del porcentaje anunciado todavía faltan precisiones fundamentales sobre el destino de los fondos y las inversiones que se proyectan para el próximo año.
Para dimensionar los números, el Presupuesto 2026 había establecido $37.460 millones para la administración central y otros $10.142 millones para el Hospital José María Gomendio. En conjunto, ambas estructuras representaron una previsión inicial cercana a los $47.603 millones. Sobre esa base, el incremento del 25% supondría un presupuesto considerablemente mayor, aunque el monto definitivo de 2027 deberá surgir de las planillas oficiales y no de una proyección porcentual.
El primer interrogante es qué significa realmente ese aumento. Si la actualización responde principalmente a la inflación, el crecimiento nominal de los recursos no necesariamente representa una mayor capacidad de inversión ni una mejora en las prestaciones municipales. En otras palabras, tener más presupuesto en términos de pesos no garantiza mejores servicios, más obras o una atención sanitaria de mayor calidad.
Tampoco alcanza con enumerar áreas prioritarias. La salud, la seguridad, la educación y la obra pública aparecen recurrentemente en los anuncios oficiales, pero la discusión presupuestaria exige conocer cuánto dinero recibirá cada sector, qué programas tendrán financiamiento y cuáles serán las obras concretas que se pretenden ejecutar.
La cuestión adquiere mayor relevancia al considerar los antecedentes de la administración financiera municipal. Durante 2025 se habían registrado fuertes desequilibrios en las cuentas públicas, con un déficit de 9.000 millones de pesos durante el primer semestre, un incremento de la deuda flotante y mayores compromisos con proveedores. Ese escenario obliga a mirar el nuevo presupuesto no solamente desde los ingresos previstos, sino también desde la capacidad del municipio para administrar sus gastos y cumplir con sus obligaciones.
A esto se suma un problema de transparencia. En septiembre de 2026, el Concejo Deliberante debió solicitar mediante una minuta de comunicación que el Ejecutivo publicara la situación económico-financiera al 30 de junio, información que no estaba disponible en el sitio oficial, pese a las disposiciones vigentes sobre publicidad de la ejecución presupuestaria.
El tratamiento del Presupuesto 2027 será una oportunidad para discutir algo más que un porcentaje de actualización. Los concejales deberán analizar las partidas, los gastos de funcionamiento, la estructura de personal, las inversiones y las previsiones de recaudación.
El desafío para el Ejecutivo será demostrar que el aumento anunciado tiene un correlato en la gestión cotidiana. Porque las prioridades no se definen solamente en una conferencia de prensa: deben quedar reflejadas en los números, las obras ejecutadas y los servicios que reciben los vecinos.
