El Senado vuelve a debatir la soberanía sobre las tierras rurales
NewsITe
El bloque justicialista del Senado presentó un proyecto de ley para dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23 y restituir la Ley de Tierras, norma que fija límites a la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. La movida legislativa vuelve a poner en el centro de la escena el debate sobre la soberanía territorial y el control de los recursos estratégicos del país.
La iniciativa fue presentada por la senadora bonaerense Juliana Di Tullio, acompañada por el jefe del bloque del PJ, José Mayans, y el titular de Justicia Federal Social, Fernando Salino. El proyecto aparece como una respuesta política al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dejó firme el artículo del DNU que derogó la Ley de Tierras sancionada en 2011.
En los fundamentos, los legisladores remarcan que el suelo argentino “no es una mera mercancía sujeta a las leyes de la oferta y la demanda”, sino un bien finito y estratégico, estrechamente vinculado con la seguridad nacional, el desarrollo productivo y la autodeterminación de las comunidades. Por eso, sostienen que la regulación sobre quiénes pueden adquirir tierras y en qué proporción debe ser una política de Estado y no quedar librada exclusivamente al mercado.
Según advierten, la eliminación de la Ley de Tierras mediante un decreto presidencial expone al país a procesos de especulación inmobiliaria internacional sobre activos clave: reservas de agua dulce, zonas fronterizas, áreas de alto valor ambiental y las tierras agrícolas más productivas. En ese sentido, advierten que una mayor extranjerización de la tierra podría condicionar la planificación económica a largo plazo y la radicación de poblaciones en amplias regiones del interior.
Críticas a la Corte y rol del Congreso
Los senadores justicialistas también cuestionaron con dureza el fallo del máximo tribunal. Señalaron que “es inaceptable que la Corte le niegue legitimación a quienes arriesgaron su vida en defensa de la Patria y sostenga que la soberanía territorial no es un bien colectivo”, en alusión a las organizaciones que impulsaron la demanda para frenar la derogación de la norma.
Frente a lo que describen como un escenario de “desprotección judicial”, los legisladores subrayaron que el Congreso debe asumir de manera urgente su responsabilidad constitucional como garante del dominio público. En esa línea, el proyecto busca reinstalar el esquema original de la Ley de Tierras, que fijaba topes a la posesión extranjera sobre el territorio nacional, provincial y departamental, y exigía mayores controles sobre las transferencias de grandes extensiones.
- Derogación del artículo 154 del DNU 70/23, que había eliminado la Ley de Tierras.
- Restitución de las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros.
- Reafirmación del rol del Congreso como ámbito de definición de estas políticas.
“El suelo es un recurso natural estratégico, finito y ligado a la seguridad nacional, el desarrollo productivo y la autodeterminación de los pueblos”, remarcan los fundamentos del proyecto.
El Senado ya había rechazado en marzo de 2024 el DNU 70/23, pero el decreto continúa vigente porque la Cámara de Diputados nunca lo debatió. El paquete firmado por el Poder Ejecutivo incluye reformas y derogaciones de alrededor de 300 leyes, entre ellas las de alquileres, góndolas y diversas normas de regulación económica. En ese contexto, el peronismo busca ahora reabrir en el Congreso la discusión sobre la propiedad de la tierra y el alcance de la extranjerización de los recursos estratégicos del país.
