Virginia Aparicio, especialista del Conicet y referente de un proyecto internacional sobre plaguicidas, fue exonerada mediante una resolución del organismo. La investigadora rechaza las acusaciones administrativas y sostiene que la medida busca desalentar estudios sobre temas ambientales sensibles.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria resolvió exonerar a Virginia Aparicio, investigadora del Conicet que desarrollaba tareas en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce y coordinaba en la Argentina el proyecto internacional SPRINT, dedicado al estudio del impacto de los agroquímicos sobre el ambiente y la salud.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 366 y constituye la sanción más severa prevista dentro del régimen de empleo público nacional. El sumario había sido iniciado a partir de distintas observaciones administrativas vinculadas con la gestión del proyecto.
Entre los cuestionamientos mencionados aparecen presuntas irregularidades en el uso de fondos, incumplimientos de la vía jerárquica, modificaciones en protocolos bioéticos y la realización de determinados análisis biológicos en laboratorios del exterior. También se objetó la participación de un colaborador que no contaba con designación formal para acceder a información confidencial.
La respuesta de la investigadora
Aparicio rechazó esas imputaciones y sostuvo que no existen elementos suficientes para justificar su apartamiento. La científica aseguró además que detrás de la medida existe una intención de generar temor dentro del sistema científico y desalentar investigaciones sobre cuestiones ambientalmente sensibles.
La investigadora había anticipado que agotaría la vía administrativa antes de recurrir a la Justicia. Con la resolución adoptada este lunes, esa instancia quedó cerrada y ahora podría avanzar con una presentación judicial para cuestionar su exoneración.
Aparicio formaba parte desde 2020 del proyecto SPRINT, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. La iniciativa permitió estudiar la presencia de más de 200 plaguicidas en diferentes sistemas productivos y analizar su circulación en muestras de suelo, agua y distintos indicadores biológicos.
Los resultados obtenidos por el equipo detectaron mezclas de agroquímicos en distintas muestras y señalaron mayores concentraciones entre productores convencionales en comparación con aquellos vinculados a sistemas agroecológicos. Según la publicación, el proyecto comenzó posteriormente a atravesar tensiones internas dentro del organismo.
En 2023 se restringieron reuniones explicativas con productores y un año después la Argentina dejó de participar del proyecto internacional. En paralelo avanzó el sumario administrativo que finalmente derivó en la exoneración de la investigadora.
Distintas organizaciones científicas y académicas cuestionaron la decisión y promovieron una carta pública en respaldo de Aparicio. Sus defensores sostienen que el caso puede convertirse en un precedente para la libertad de investigación en áreas vinculadas con la salud ambiental y los modelos productivos.
