El Ejecutivo busca contener el impacto inflacionario en los surtidores
NewsITe
El Gobierno nacional resolvió postergar una vez más la actualización de los impuestos que gravan a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, correspondiente al tramo de noviembre, con el objetivo de evitar un nuevo salto en los precios de naftas y gasoil en todo el país.
La decisión quedó oficializada mediante el Decreto 1305/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La norma difiere la aplicación de los incrementos pendientes previstos en la Ley N° 23.966, legislación que establece montos fijos en pesos por unidad de medida para determinar el impuesto a los combustibles líquidos y el tributo al dióxido de carbono.
Según se detalla en los considerandos del decreto, la prórroga se adopta “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible” y de morigerar el impacto que tendrían los aumentos impositivos sobre los precios finales al consumidor en un contexto de persistente inflación.
El esquema vigente prevé que los montos de estos impuestos se actualicen de manera trimestral, en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. Sin embargo, en los últimos años el Poder Ejecutivo recurrió en reiteradas oportunidades a la facultad de diferir esas subas, con el fin de administrar el impacto en los surtidores y, a la vez, en la cadena de costos de la economía.
Qué impuestos se difieren y cómo impactan en el bolsillo
El impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y el impuesto al dióxido de carbono (IDC) se aplican sobre cada litro expendido en estaciones de servicio. Se trata de tributos de suma fija que, al actualizarse por inflación, generan aumentos directos en el precio de las naftas y el gasoil antes de impuestos.
- Ambos gravámenes se ajustan trimestralmente de acuerdo con el IPC del INDEC.
- La actualización pendiente corresponde a variaciones de precios ya verificadas en períodos anteriores.
- Al postergar el incremento, el Estado resigna parte de la recaudación prevista a corto plazo.
Fuentes oficiales argumentan que una aplicación plena e inmediata de los aumentos impositivos podría traducirse en fuertes alzas en los surtidores, con impacto directo en el transporte de cargas y pasajeros, y un efecto de segunda ronda sobre el resto de los precios de la economía.
Objetivo oficial: moderar la inflación sin romper el esquema fiscal
En el expediente elaborado por el Ministerio de Economía se señala que “resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”, asociadas a la evolución previa de los precios al consumidor. La intención oficial es dosificar el traslado de esos ajustes, administrando los tiempos y buscando un equilibrio entre la necesidad de recaudación y la presión sobre la inflación.
Los combustibles son un insumo clave para la producción, el transporte y los servicios. Cada aumento en los surtidores suele replicarse en los costos logísticos y, en consecuencia, en los precios finales de bienes y servicios. Por eso, las decisiones en materia impositiva sobre este sector son seguidas de cerca tanto por las empresas como por los consumidores.
“La prórroga se adopta con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, destaca el decreto publicado en el Boletín Oficial.
Con la nueva postergación, el Gobierno vuelve a ganar tiempo en su intento por contener la dinámica inflacionaria, aunque queda pendiente cómo y cuándo se terminarán de aplicar los ajustes acumulados en los impuestos a los combustibles, un frente sensible para el bolsillo de los argentinos y para las finanzas públicas.
