El Ejecutivo ajusta el cronograma para la venta de la empresa de rampas
El Gobierno nacional decidió extender nuevamente los plazos de la licitación para privatizar Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa y asistencia en tierra a aerolíneas en la mayoría de los aeropuertos del país. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 833/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, que además introduce cambios en el procedimiento de adjudicación.
La compañía, responsable de tareas clave como el traslado de equipajes, el posicionamiento de escaleras y el remolque de aeronaves, fue declarada “sujeta a privatización” en el marco de la Ley de Bases. El proceso apunta a la venta del 100% del paquete accionario mediante una Licitación Pública Nacional e Internacional, con el objetivo de atraer oferentes locales y extranjeros y, según el Ejecutivo, asegurar transparencia y competencia.
El cronograma original de la licitación ya había sufrido modificaciones. En una primera instancia, la fecha límite para presentar ofertas estaba fijada para el 7 de mayo de 2026 y las consultas al pliego podían realizarse hasta el 27 de abril. Luego, esos hitos se corrieron al 10 de junio y al 26 de mayo, respectivamente. Con la nueva resolución, el Gobierno vuelve a reprogramar los tiempos clave del proceso.
Los nuevos plazos del proceso licitatorio
De acuerdo con la norma publicada en el Boletín Oficial, el calendario actualizado de la privatización de Intercargo queda establecido de la siguiente manera:
- Consultas al pliego: se podrán efectuar hasta el 17 de junio de 2026 a las 10.00.
- Presentación de ofertas: el plazo para entregar propuestas se extiende hasta el 25 de junio de 2026 a las 9.59.
- Apertura de la Etapa N.º 1: el acto de apertura de sobres se realizará el mismo 25 de junio de 2026 a las 10.00.
Fuentes oficiales señalan que la decisión de alargar los tiempos busca dar margen adicional a los interesados para analizar el pliego y preparar sus ofertas, en un contexto local e internacional marcado por la volatilidad financiera y las discusiones internas sobre el alcance del programa de privatizaciones.
Mayor control de organismos de auditoría
La Resolución 833/2026 también introduce cambios en los artículos 34 y 35 del pliego, orientados a reforzar el control de los organismos de auditoría del Estado antes del cierre de la operación. A partir de ahora, antes de la finalización del proceso, el Ministerio de Economía deberá dar intervención obligatoria a la Procuración del Tesoro de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Ambas dependencias contarán con un plazo de 15 días hábiles para expedirse sobre las actuaciones. Ese paso será condición previa para avanzar hacia la firma del contrato con el adjudicatario. Se busca así incorporar un doble filtro jurídico y de control interno que respalde la legalidad del procedimiento y la conveniencia administrativa de la venta.
Otro ajuste clave se vincula con el momento en que se suscribirá el contrato definitivo. La nueva redacción establece que, una vez realizado el pago del precio por parte del ganador de la licitación, la firma deberá concretarse dentro de los siete días hábiles posteriores a la intervención de la SIGEN y de la Procuración. De esta forma, se elimina la referencia anterior que subordinaba este paso solo al acto administrativo de adjudicación.
Privatización sin programa de propiedad participada
En línea con la orientación general de la Ley de Bases, el procedimiento de privatización de Intercargo no contempla la implementación de un Programa de Propiedad Participada para trabajadores ni preferencias especiales como las incluidas en anteriores leyes de reforma del Estado. Asociaciones sindicales del sector aeronáutico ya habían manifestado reparos frente a esa definición, al considerar que reduce la posibilidad de participación de los empleados en el capital accionario.
El Gobierno, por su parte, insiste en que la licitación nacional e internacional permitirá garantizar un proceso competitivo, abierto a diversos oferentes y sustentado en los principios de transparencia y concurrencia. La evolución del cronograma y el interés que finalmente despierte el activo serán seguidos de cerca por el mercado y por los actores del sector aéreo, atentos al impacto que pueda tener un eventual cambio de control en la operación diaria de los aeropuertos del país.
Con la nueva extensión de plazos y los ajustes procedimentales, el proceso para definir el futuro de Intercargo ingresa en semanas decisivas, en un contexto político y económico en el que cada privatización se convierte en un test para el rumbo del plan oficial.
