El Gobierno unifica tarifas del transporte de gas natural

Eliminan un régimen de excepción y avanzan hacia un precio único

Gasoducto y transporte de gas en Argentina

El Gobierno nacional dispuso una profunda reforma en el esquema de transporte de gas natural, con el objetivo de unificar tarifas y eliminar distorsiones que se arrastraban desde la crisis de 2002. La decisión quedó formalizada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 580/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, en el marco de la emergencia energética y en plena temporada de alta demanda por las bajas temperaturas.

La norma deroga el Decreto 689/02, que durante más de dos décadas otorgó un tratamiento excepcional a determinadas tarifas de transporte de gas vinculadas a contratos de exportación y a algunos acuerdos de compraventa, permitiendo que sus precios se mantuvieran en moneda extranjera y por fuera del esquema general de pesificación. Según el Poder Ejecutivo, ese beneficio respondió a un contexto de crisis ya superado y, en las condiciones actuales, “carece de justificación en el marco regulatorio vigente”.

De acuerdo con los fundamentos del DNU, la coexistencia de contratos con esquemas diferenciados “genera distorsiones en los precios y tarifas a pagar por parte de los cargadores del sistema de transporte”, pese a que la infraestructura utilizada se encuentra íntegramente en territorio nacional. Por ese motivo, el Gobierno busca que todas las capacidades de transporte se remuneren bajo criterios homogéneos, reduciendo asimetrías en el sector y otorgando mayor previsibilidad a los usuarios industriales, distribuidores y comercializadores.

Uno de los ejes centrales de la reforma es el tratamiento del Gasoducto Perito Moreno (GPM) y de las obras de ampliación que conectan Tratayén (Neuquén) con Salliqueló (Buenos Aires), un tramo clave para canalizar la producción de Vaca Muerta hacia los principales centros de consumo del país. A partir de la habilitación de esa ampliación, todos los cargadores del ducto deberán abonar un precio unificado por el uso del sistema de transporte.

Cálculo del nuevo precio y rol del ente regulador

El decreto establece que el valor de esa tarifa unificada se determinará como un promedio ponderado entre dos componentes: por un lado, el precio de la capacidad actualmente contratada y, por otro, el precio de la capacidad incremental surgido de la licitación pública de las obras propuestas por Transportadora de Gas del Sur (TGS). De esta forma, se busca reflejar tanto las condiciones históricas de contratación como los costos de la nueva infraestructura.

  • Se deroga el régimen excepcional de 2002 que permitía contratos en moneda extranjera.
  • Se unifica el precio de transporte para los cargadores del Gasoducto Perito Moreno.
  • El valor final será un promedio ponderado entre capacidad vieja y nueva.
  • Se apunta a reducir distorsiones y otorgar mayor estabilidad regulatoria.

Para evitar saltos bruscos en los costos que afrontan las empresas, el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) queda facultado a instrumentar un esquema de transición entre los valores vigentes y el precio unificado. Ese escalonamiento podrá aplicarse de manera gradual, con el propósito de morigerar el impacto sobre la cadena productiva y minimizar riesgos de paralización de la actividad privada.

La medida se inscribe en un proceso más amplio de reconfiguración del sistema energético iniciado el 1 de mayo de este año, orientado a ordenar el marco tarifario y contractual del transporte de gas. En un contexto de alta demanda y restricciones de oferta que derivaron en cortes temporales a estaciones de servicio e industrias, el Gobierno apuesta a que la unificación de precios y la eliminación de excepciones contribuyan a un uso más eficiente de la infraestructura y a una mayor previsibilidad para las inversiones en el sector.

Si bien el impacto concreto sobre las tarifas finales dependerá de cómo se apliquen los nuevos valores y del cronograma de transición definido por el ENREGE, la señal oficial es clara: avanzar hacia un esquema más uniforme y transparente, con reglas de juego estables para productores, transportistas y grandes usuarios de gas natural en todo el país.

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