El Estado busca reforzar su intervención y contribuir al esclarecimiento del caso que dejó 52 muertos y más de 90 afectados en distintas provincias.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, se presentó como querellante en la causa judicial por el fentanilo contaminado que provocó la muerte de 52 personas y afectó a otras 90. La solicitud fue aceptada por el juez federal Ernesto Kreplak, quien no halló incompatibilidades para la intervención del Ejecutivo en el expediente.
Según el documento presentado por el ministro de Salud, Mario Lugones, con el patrocinio de los equipos jurídicos de la cartera, el Estado tiene “interés legítimo” en sumarse al proceso para “contribuir al esclarecimiento del caso y garantizar la protección de la salud pública”. Además, busca “reforzar la respuesta institucional frente a eventos que comprometen la salud colectiva”.
Fentanilo contaminado: el avance de la investigación
La investigación se centra en dos lotes de fentanilo señalados por incumplimientos en las prácticas de manufactura, ya retirados de circulación tras la alerta sanitaria. La sustancia fue aplicada en 19 centros médicos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Neuquén y Santa Fe, donde los pacientes —en su mayoría internados por otras causas— desarrollaron cuadros infecciosos graves tras recibir el fármaco como parte de tratamientos paliativos.
La Justicia apunta a las firmas Pharma Group S.A. y Ramallo S.A., así como a las droguerías vinculadas. El Cuerpo Médico Forense analiza caso por caso para determinar si existe relación directa entre el fentanilo administrado y las muertes registradas.
Aunque el Boletín Epidemiológico Nacional indicó que no se detectaron nuevos casos tras la alerta, los diagnósticos se hicieron de forma retrospectiva, por lo que no se descarta la existencia de afectados que aún no fueron reportados oficialmente. El Ministerio de Salud puso a disposición recursos técnicos y científicos para colaborar con la producción de pruebas y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
