El fallo de la Corte reordena la discusión por el financiamiento universitario
NewsITe
El Gobierno nacional comenzó a revisar sus cuentas para cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó respetar la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión del máximo tribunal no solo supuso un revés para la estrategia oficial, sino que también abrió una interna dentro de la administración de Javier Milei respecto de cómo avanzar con los fondos destinados a las universidades públicas.
Desde el inicio, en la Casa Rosada y en el equipo económico se consideró “inconveniente” la norma aprobada por el Congreso y posteriormente vetada por el Presidente, principalmente por su impacto fiscal, estimado en alrededor de 1,3 billones de pesos. Sin embargo, la confirmación de la medida cautelar por parte de la Corte obligó al oficialismo a recalibrar su postura y estudiar mecanismos para acatar el fallo sin resignar el superávit, bandera central del programa libertario.
En este contexto, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, aparece como una pieza clave. Según fuentes oficiales, el funcionario explora alternativas de reasignación de partidas para girar los recursos que establece la ley. “Habrá reordenamiento del gasto, pero el superávit fiscal no se toca”, señalaron voceros al tanto de las conversaciones que se desarrollan entre Economía, la Jefatura de Gabinete y la Casa Rosada.
Tensiones internas y giro en la estrategia judicial
El fallo también expuso diferencias hacia adentro del Gobierno. Sectores del oficialismo cuestionan ahora la estrategia judicial diseñada desde el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, que buscaba frenar la plena aplicación de la norma. Esa vía judicial se sostenía en la expectativa de que la Corte diera margen para continuar con el esquema de recortes, algo que finalmente no ocurrió.
La disputa por el financiamiento universitario ya había generado un fuerte rechazo social, canalizado en masivas marchas en defensa de la universidad pública en distintas ciudades del país. La ley cuestionada por el Ejecutivo contaba, además, con el aval de los rectores de las casas de estudio, que mantuvieron negociaciones con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y con el acompañamiento de sindicatos del sector, entre ellos la Federación de Universitarios (FEDUN), que había acordado un incremento de partidas semanas atrás.
Reacción del sistema universitario y nuevo escenario
Entre las autoridades académicas, el fallo fue recibido como un triunfo institucional. El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, destacó que la resolución de la Corte es “un paso fundamental” hacia la normalización del sistema universitario y recordó que se trata de una ley aprobada con amplia legitimidad política y social.
- Bartolacci subrayó que “una ley aprobada con tanta legitimidad tiene que cumplirse”, remarcando el carácter obligatorio de su aplicación.
- Para el sistema universitario, la definición judicial abre una expectativa de recomposición presupuestaria y de previsibilidad para el funcionamiento de las instituciones.
“La decisión de la Corte abre una esperanza de que podamos tener efectivamente la aplicación plena de la ley y, con eso, la resolución del conflicto”, afirmó el rector de la UNR.
Con el nuevo escenario jurídico, el Gobierno se ve forzado a compatibilizar su programa de ajuste con las obligaciones que impone la Ley de Financiamiento Universitario. La discusión que viene girará en torno a los tiempos y montos de la actualización de partidas y a cómo impactará esta recomposición en el plan económico oficial, mientras las universidades aguardan que el fallo se traduzca en fondos concretos para garantizar el normal desarrollo de sus actividades académicas y científicas.
