La presentación fue realizada por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. El pedido se hizo en momentos en que se mantienen más de una docena de tomas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Gobierno Nacional realizó una presentación ante la Justicia para reclamar que la administración del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, retire a la policía de los colegios tomados.
El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, presentó un habeas corpus, en momentos en que se mantienen más de una docena de tomas en distintos colegios secundarios de la Ciudad.
“A partir de denuncias recibidas, desde la Secretaría de Derechos Humanos, presentamos un habeas corpus para que se retire la policía de los colegios, al considerar que los jóvenes no pueden ser imputados por contravención y se encuentran ejerciendo sus derechos”, afirmó Pietragalla en su cuenta de la red social Twitter.
“Lo que se denuncia es la amenaza a la libertad personal”
En un comunicado, el organismo dijo que “lo que se denuncia es la amenaza a la libertad personal que implica la presencia policial en la puerta de los establecimientos educativos cuyos estudiantes se encuentran en jornadas de protestas por diferentes reclamos no respondidos por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. Según afirmó, los policías verifican quien ingresa y sale de los colegios y además “sacan fotos de los/as estudiantes, graban videos y les requieren información”.
“La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no puede pasar por alto que los/as estudiantes son mayoritariamente menores de edad, que no pueden ser detenidos/as ni imputados por supuestas contravenciones”, advirtió.
El organismo dijo además en el escrito que “la presencia policial en la puerta de los establecimientos sólo persigue un efecto intimidatorio y amenazante para que los/as estudiantes, legalmente organizados en los términos de las leyes nº 26.877 de la Nación y 137 de la CABA cesen con el ejercicio del derecho de petición a las autoridades”.
La postura de la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional
En tanto, la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional remitió una nota formal a la fiscal María Laura Presedo, quien dio curso a la causa contra los padres de los/as estudiantes por una supuesta contravención y los notificó con policías a sus domicilios particulares, informó la Secretaría de Derechos Humanos.
La nota señaló a la fiscal que “el más elemental principio de legalidad impide sancionar o tan solo imputar a padres ‘que no retiran a sus hijos’, como se pretende hacer en la causa a su cargo, según las copias de las notificaciones remitidas a esta Dirección Nacional por los propios padres afectados”.
