El esquema fue presentado este viernes en París por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Las solicitudes comenzarán a recibirse durante el cuarto trimestre de 2026 y estarán sujetas a controles de seguridad, antecedentes y origen de los fondos.

El Gobierno nacional presentó este viernes en París el Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina, un régimen que permite a ciudadanos extranjeros solicitar la ciudadanía argentina a partir de una inversión que cumpla con las condiciones establecidas por el programa.
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante la Argentina Week París, un encuentro orientado a promover oportunidades de inversión en el país. Según informó el Gobierno, el programa comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026.
El programa ya cuenta con un marco legal establecido. En 2025, el Decreto 366 incorporó a la Ley de Ciudadanía la posibilidad de solicitar la nacionalidad mediante una “inversión relevante” y creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (APCI), dependiente del Ministerio de Economía. Posteriormente, el Decreto 524/2025 estableció el procedimiento para analizar las solicitudes.
Las dos alternativas de inversión
De acuerdo con los detalles difundidos durante la presentación, el solicitante principal tendrá dos alternativas.
La primera consiste en realizar un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional.
La segunda contempla la suscripción de un título público por US$800.000, creado específicamente para el programa. Según la información difundida hasta el momento, las condiciones particulares de ese título serán parte de la reglamentación del esquema.
El Gobierno indicó que los recursos obtenidos estarán destinados a fortalecer la posición fiscal y financiera del país y vinculó el programa con su estrategia de atraer capital extranjero.
La inversión no garantiza automáticamente la ciudadanía
Uno de los aspectos centrales del régimen es que la realización de la inversión no implica la aprobación automática de la ciudadanía.
Las solicitudes deberán atravesar un proceso de evaluación que contempla controles sobre la identidad del solicitante, sus antecedentes, el origen y la trazabilidad de los fondos y otros aspectos vinculados con la seguridad y la integridad financiera.
La normativa establece una intervención interinstitucional que incluye a la APCI, el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera (UIF), organismos vinculados con la identificación y antecedentes y la Dirección Nacional de Migraciones. La Agencia debe elaborar un informe y recomendar la aprobación o el rechazo de la solicitud.
Una vez recibido ese informe, Migraciones tiene un plazo de 30 días hábiles para resolver, mediante un acto fundado, si otorga o rechaza la ciudadanía.

La APCI señala además que el programa contempla controles de seguridad, antecedentes y análisis de la legalidad del origen de los fondos. Su sitio oficial aclara que los procedimientos, montos y requisitos definitivos serán establecidos mediante la normativa correspondiente.
Un programa que ya tenía estructura legal
Aunque la presentación realizada en París marca el lanzamiento del programa y la apertura de la etapa de recepción de solicitudes, el mecanismo no surgió con el anuncio de este viernes.
El Decreto 366/2025 creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión y le asignó, entre otras funciones, diseñar y gestionar estos programas y participar en la evaluación de las solicitudes. En abril de 2026, además, el Gobierno designó a Aixa Granara como directora ejecutiva de la agencia.
El Decreto 524/2025, por su parte, estableció el procedimiento mediante el cual la Agencia debe analizar cada expediente y elevar su recomendación a Migraciones.
La presentación realizada en París completa así el proceso de puesta en marcha del régimen, que comenzará a recibir solicitudes durante el último trimestre del año.
El Gobierno sostiene que la iniciativa busca atraer capitales extranjeros y profundizar la integración económica internacional. El esquema establece, al mismo tiempo, que cada solicitud deberá superar las distintas instancias de evaluación antes de que la autoridad migratoria adopte una decisión sobre el otorgamiento de la ciudadanía.

