La Cancillería investiga a compañías, accionistas, ejecutivos, inversores y proveedores relacionados con proyectos hidrocarburíferos que operan en Malvinas sin autorización argentina. Las actuaciones se concentran principalmente en el desarrollo Sea Lion.
El Gobierno nacional inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas directa o indirectamente con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La Cancillería buscará determinar si los involucrados incumplieron las prohibiciones establecidas por la Ley 26.659.
El comienzo de las actuaciones no implica que el Gobierno ya haya sancionado a los sujetos investigados. Los procedimientos administrativos deberán comprobar las infracciones y establecer, en cada caso, si corresponde aplicar las penalidades contempladas en la legislación argentina.
La medida alcanza a compañías que poseen licencias para operar en el área y también a sus accionistas, ejecutivos e inversores. El Gobierno incluyó además a empresas que brindaron servicios, infraestructura o asesoramiento para el desarrollo de los proyectos.
“Se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios para que puedan llevar adelante su actividad”, señaló la Oficina del Presidente.
Navitas y Rockhopper, en el centro de las actuaciones
Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration ocupan un lugar central dentro de la investigación por su participación en Sea Lion. El proyecto prevé una inversión cercana a los 1.800 millones de dólares para comenzar a producir petróleo en aguas próximas a las Islas Malvinas durante 2028.
El listado incluye a Navitas Petroleum Development and Production Limited y Navitas Petroleum Atlantic Limited. También comprende a accionistas de Navitas, entre ellos Harel Insurance Investments & Financial Services, Migdal Insurance and Financial Holdings, Phoenix Financial y Meitav Investment House.
Por parte de la empresa británica, las actuaciones alcanzan a Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited y Rockhopper Exploration (Oil) Limited, además de inversores y accionistas relacionados con la compañía.
La investigación también incluye a firmas vinculadas con otros desarrollos petroleros en el área, como Borders & Southern Falkland Islands Limited, JHI Associates y JHI Falklands. En este último caso, el listado incorpora a Eco (Atlantic) Oil & Gas, accionista de JHI, y a algunos de sus inversores.
El Gobierno extendió las actuaciones a empresas que prestaron servicios o aportaron infraestructura y asesoramiento. Entre ellas aparecen Noble Corporation, Netherland, Sewell & Associates (NSAI) y Fugro, junto con inversores institucionales que poseen participaciones en las compañías involucradas.
Los investigados pertenecen a distintos países, entre ellos Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Sudáfrica y Kazajistán.
El avance del proyecto Sea Lion
Sea Lion se encuentra aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Navitas Petroleum posee el 65% del proyecto y actúa como operadora, mientras que Rockhopper Exploration controla el 35% restante.
Las empresas aprobaron a fines de 2025 la decisión final de inversión para la primera etapa. El desembolso previsto alcanza los 1.800 millones de dólares y contempla cerca de 1.000 millones de dólares de financiamiento mediante deuda.
Las proyecciones sitúan el comienzo de la producción en 2028, con unos 55.000 barriles diarios durante la etapa inicial. Navitas calcula que el yacimiento posee reservas por 216 millones de barriles y recursos totales cercanos a los 603 millones.
La Argentina rechaza el proyecto porque las empresas desarrollan sus actividades en un área cuya soberanía reclama el país y sin autorización de las autoridades nacionales. Navitas y Rockhopper, por su parte, sostienen que cuentan con permisos otorgados por la administración británica de las islas y ratificaron que mantendrán el cronograma de Sea Lion.
Las sanciones contempladas por la ley
El Gobierno fundamentó las actuaciones en la Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. La normativa prohíbe desarrollar esas actividades sin autorización nacional.
La ley contempla multas equivalentes al valor de entre 15.000 y 1,5 millones de barriles de petróleo. También establece inhabilitaciones de entre cinco y veinte años para operar en la Argentina y permite decomisar los equipos y materiales empleados en las actividades consideradas ilícitas.
Las sanciones pueden incluir además la reversión de concesiones y permisos hidrocarburíferos que las compañías posean en el territorio argentino. La legislación agrava las penalidades en los casos de reincidencia.
Las consecuencias también pueden alcanzar a las firmas que presten servicios o mantengan determinados vínculos con las empresas responsables de los proyectos. Entre las medidas figuran la prohibición de operar en el país y las restricciones para obtener permisos relacionados con la actividad energética.
El Gobierno aceleró los procedimientos para establecer las responsabilidades de los distintos actores. La decisión ya generó repercusiones entre las principales compañías internacionales de servicios petroleros: SLB, Halliburton y Baker Hughes tomaron distancia de Sea Lion y afirmaron que no participan ni prevén intervenir en actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas.
