Acusan al Gobierno de beneficiar a una petrolera cuestionada
NewsITe
El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, denunció que la petrolera británica Harbour Energy, vinculada a operaciones hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, habría accedido a beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El señalamiento reaviva la polémica sobre el alcance de ese régimen y su compatibilidad con la política argentina en torno a la soberanía sobre el archipiélago.
Según detalló el legislador, Harbour Energy posee el 15% de participación en Southern Energy, un proyecto aprobado por el Gobierno nacional mediante la Resolución 559/2025. Esta iniciativa contempla el desarrollo de actividades de producción y exportación de gas desde la provincia de Río Negro, encuadradas dentro de los beneficios impositivos y aduaneros del RIGI, uno de los ejes económicos más discutidos en la agenda oficial.
Ferraro sostuvo que Harbour Energy es, en realidad, la misma persona jurídica que operaba bajo el nombre de Premier Oil PLC hasta 2021, cuando se produjo un cambio de denominación societaria. De acuerdo con su planteo, ese cambio de nombre no modificó la responsabilidad de la empresa respecto de sus antecedentes en la plataforma continental argentina y en la cuenca cercana a las Islas Malvinas.
Antecedentes de sanciones y disputa de soberanía
El diputado recordó que Premier Oil fue inhabilitada en 2013 por el Estado argentino en el marco de la Ley 26.659, norma que establece medidas contra compañías que realicen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional o en áreas bajo disputa de soberanía sin autorización de las autoridades argentinas. La sanción respondió a operaciones en la plataforma continental, próximas a las Islas Malvinas.
La vigencia de esa ley forma parte de la estrategia argentina para desalentar la participación de empresas extranjeras en proyectos de hidrocarburos en el área de Malvinas al margen de la normativa nacional. Por eso, la denuncia de Ferraro apunta a una presunta contradicción entre la política de sanciones y la decisión de incluir a una firma con esos antecedentes en un proyecto beneficiado por el RIGI.
Cuestionamientos políticos al RIGI y al rol de las empresas
El RIGI, impulsado por el Gobierno como herramienta para atraer grandes inversiones productivas, ha sido objeto de fuertes críticas de la oposición y de sectores académicos y sindicales, que advierten sobre el impacto fiscal, la eventual primarización de la economía y los riesgos ambientales. La controversia se profundiza cuando los potenciales beneficiarios tienen antecedentes cuestionados en materia de soberanía o cumplimiento regulatorio.
- Harbour Energy tendría un 15% del proyecto Southern Energy en Río Negro.
- La empresa, ex Premier Oil PLC, fue inhabilitada en 2013 por la Ley 26.659.
- La denuncia abre un nuevo frente de debate sobre el alcance del RIGI.
La presentación de Ferraro se conoció poco después de que el Gobierno anunciara una nueva ofensiva contra empresas y personas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Este contexto alimenta las sospechas de sectores opositores que advierten sobre un posible doble estándar: por un lado, se refuerza el discurso de defensa de la soberanía y, por el otro, se facilitarían beneficios a firmas con antecedentes en la zona en disputa.
“No se puede, al mismo tiempo, proclamar una política firme en defensa de la soberanía sobre Malvinas y abrir la puerta del RIGI a empresas que fueron sancionadas justamente por operar allí sin autorización argentina”, señalan en el entorno del diputado.
La denuncia podría derivar en pedidos de informes al Poder Ejecutivo y en reclamos para revisar los proyectos aprobados bajo el RIGI que involucren a empresas con antecedentes en el Atlántico Sur. Mientras tanto, desde la oposición insisten en que el caso sienta un precedente clave sobre cómo se compatibilizan los incentivos a la inversión con los compromisos históricos de la Argentina en la defensa de su soberanía sobre las Islas Malvinas.
