Según un informe del Centro de Economía Política Argentina, desde diciembre de 2023 se perdieron 57.621 puestos en el sector público nacional. Los despidos se concentraron en organismos descentralizados y empresas del Estado.
Desde el inicio del gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023, el Estado nacional redujo 57.621 puestos de trabajo hasta agosto de este año, lo que representa una caída del 16,8% en la planta total de personal.
Así lo detalla un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que sostiene que se implementó “una política deliberada de ajuste y desmantelamiento del sector público nacional, con un impacto masivo tanto en la dotación de personal como en las capacidades operativas del Estado”.
De acuerdo con el relevamiento, los organismos descentralizados concentraron la mayor cantidad de despidos en términos absolutos, seguidos por las empresas y sociedades del Estado, y por los organismos centralizados.
En proporción, el ajuste golpeó con mayor fuerza a la administración descentralizada, evidenciando una reducción significativa de funciones y recursos dentro del Poder Ejecutivo.
El análisis por empresa ubica al Correo Argentino como el caso más relevante, con 5.063 despidos. Le siguen la Operadora Ferroviaria SE, con 3.116 desvinculaciones; Banco Nación, con 1.968; y Aerolíneas Argentinas, con 1.782 trabajadores menos.
En términos relativos, el recorte más drástico se dio en la ex Télam, donde cerca del 80% del personal fue despedido. También se registraron reducciones significativas en Enarsa Patagonia, Educar SA y Contenidos Públicos SE.
Impacto en la Administración Pública Nacional
En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), que incluye organismos desconcentrados y descentralizados, el informe del CEPA indica que el mayor recorte se produjo en la Agencia Reguladora de la Cadena Agroalimentaria (ARCA), con 3.148 puestos eliminados.
A continuación se ubican el Conicet, con 1.716 despidos, y la Anses, que redujo su personal en 1.532 trabajadores. En términos proporcionales, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales perdió el 64% de su planta, seguido por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con un 45%, y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), con un 42% de reducción.
