La medida fue oficializada por el Ministerio de Seguridad y apunta a prevenir la infiltración de organizaciones criminales en proyectos estratégicos alcanzados por el régimen. Entre ellos aparece Sidersa+, la acería en desarrollo en San Nicolás.
El Gobierno nacional avanzó con una nueva herramienta de coordinación para reforzar la seguridad de los proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI). A través de la Resolución 461/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad creó una mesa destinada a prevenir amenazas vinculadas al narcotráfico y otras formas de criminalidad organizada que puedan afectar inversiones estratégicas, sus áreas de influencia e infraestructura asociada.
La medida se inscribe en un escenario en el que el RIGI reúne proyectos de gran escala, distribuidos en distintas provincias del país y ligados a sectores considerados estratégicos. Según el Gobierno, ese tipo de inversiones moviliza capitales, trabajadores, cadenas logísticas e infraestructura crítica, lo que exige una mirada preventiva sobre los riesgos que pueden aparecer alrededor de su desarrollo.
La resolución, firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, advierte que los grandes emprendimientos y las zonas que se transforman por su impacto económico pueden convertirse en puntos de interés para organizaciones criminales. El texto señala que esas estructuras podrían intentar obtener beneficios ilegales mediante el lavado de activos, la extorsión, la corrupción o la infiltración en actividades económicas formales.
En esa línea, el Gobierno apunta a anticiparse a posibles vulnerabilidades antes de que afecten la continuidad de las inversiones. El objetivo será identificar riesgos de manera temprana, elaborar diagnósticos, formular recomendaciones y coordinar acciones entre organismos nacionales, provincias, municipios y actores privados vinculados a los proyectos alcanzados por el régimen.
Entre las jurisdicciones mencionadas por la resolución aparece la provincia de Buenos Aires, donde se desarrollan inversiones alcanzadas por el RIGI. En ese marco, la medida también alcanza a proyectos como Sidersa+, la mega acería en construcción en San Nicolás incluida dentro del régimen.
Una coordinación enfocada en prevenir riesgos
La nueva mesa estará integrada por áreas del Ministerio de Seguridad vinculadas a la seguridad nacional, la lucha contra el narcotráfico, el análisis de criminalidad organizada y las fuerzas federales. También podrán ser convocadas autoridades provinciales y municipales, además de organismos nacionales cuya intervención resulte necesaria según cada proyecto o territorio.
El esquema oficial no plantea una intervención directa sobre las empresas, sino un ámbito de articulación permanente para reducir riesgos operativos y fortalecer la prevención. La resolución prevé la cooperación voluntaria con titulares de proyectos RIGI, cámaras empresarias, contratistas, operadores logísticos y concesionarios de infraestructura, mediante protocolos, capacitaciones y canales formales de reporte.
El documento también incorpora una dimensión social. Según el Ministerio de Seguridad, los grandes proyectos pueden generar movimientos laborales, urbanos y poblacionales capaces de abrir escenarios de vulnerabilidad en las comunidades cercanas, por lo que la prevención no se limita al control policial o logístico.
Desde esa perspectiva, la mesa creada por Seguridad funcionará como un espacio de acompañamiento para los emprendimientos promovidos por el RIGI. La resolución aclara que la medida no implicará nuevas cargas económicas ni burocráticas para las empresas, sino que buscará aportar previsibilidad, fortalecer la seguridad jurídica y reducir amenazas asociadas a la criminalidad organizada.
