Dos funcionarios del Ministerio de Desregulación defendieron en Diputados la reducción del Estado y aseguraron que todavía existe margen para nuevos ajustes. La exposición se produjo durante el debate del Presupuesto 2027, mientras el oficialismo negocia cambios para conseguir los votos necesarios.
El Gobierno nacional confirmó este martes que eliminó 81.000 puestos de trabajo en el sector público desde diciembre de 2023 y anticipó que continuará reduciendo la estructura estatal. La cifra fue presentada por funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, defendió los resultados del programa impulsado por Javier Milei. Durante su exposición, aseguró que la administración nacional cuenta actualmente con menos ministerios, organismos, cargos y empleados que al comienzo de la gestión.
La presentación se desarrolló en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2027, que el oficialismo busca llevar al recinto el 18 de noviembre. La Libertad Avanza intenta conseguir este miércoles las firmas necesarias para emitir dictamen, mientras mantiene conversaciones con el PRO, la UCR y otros bloques.
El Gobierno anticipó que continuará reduciendo el Estado
Fariña sostuvo que la eliminación de puestos y dependencias permitió reducir gastos de manera permanente. También explicó que el Ejecutivo busca evitar la superposición de funciones y avanzar con una reorganización de las tareas administrativas.
El funcionario aseguró que todavía existe margen para nuevas reducciones. En paralelo, señaló que el Gobierno trabaja en un nuevo sistema de liquidación de haberes, mientras continúa ofreciendo retiros voluntarios en distintas dependencias estatales.
Por su parte, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, presentó los resultados de las reformas normativas impulsadas por la cartera de Federico Sturzenegger. Según detalló, fueron eliminados 17.000 artículos, se modificaron 2.800 normas y se aprobaron otras 800 medidas de desregulación.
Cacace también defendió el presupuesto de su área, que estimó en 870.000 dólares anuales. Sostuvo que se trata de una de las dependencias más pequeñas de la administración pública y justificó su funcionamiento por los ahorros que, según afirmó, genera para el Estado y los ciudadanos.
La oposición cuestionó el impacto de los recortes
Los representantes de Unión por la Patria cuestionaron las consecuencias de la reducción del empleo estatal sobre los servicios públicos. Durante la reunión mencionaron los recortes en el INTI, el INTA y Vialidad Nacional, además de dificultades en distintas prestaciones.
La diputada Victoria Tolosa Paz sostuvo que la eficiencia administrativa no puede evaluarse solamente a partir del ahorro presupuestario. Planteó que también deben considerarse las consecuencias de las medidas sobre las condiciones de vida de la población.
Sabrina Selva cuestionó los gastos del Ministerio de Desregulación y pidió explicaciones sobre su estructura de personal. En tanto, Martín Aveiro señaló problemas en el mantenimiento de rutas nacionales y mencionó el caso de automovilistas que sufrieron roturas de neumáticos en la ruta 7, pese al cobro de peajes.
Los funcionarios defendieron las decisiones del Ejecutivo y ratificaron que continuarán revisando regulaciones, organismos y gastos. Cacace también mencionó la necesidad de analizar las normas vinculadas con la navegación y los servicios de practicaje.
El oficialismo negocia cambios en el Presupuesto 2027
Mientras se desarrollaba la reunión, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantuvo contactos con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. El objetivo fue avanzar en las modificaciones necesarias para conseguir respaldo legislativo al proyecto de ingresos y gastos del próximo año.
Según fuentes parlamentarias, el oficialismo aceptó retirar los artículos 36 al 41, cuestionados por su relación con la legislación sobre discapacidad. La modificación busca destrabar las negociaciones con los bloques dialoguistas antes de la firma del dictamen. <Cite refs={[“turn942900search1″,”turn942900search7”]}/>
La discusión también incluye los fondos destinados a universidades y otros programas públicos. La Libertad Avanza necesita acuerdos con sectores de la oposición para asegurar que el proyecto avance en la Cámara baja.
El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió que no se apresure la emisión del dictamen. Argumentó que todavía existe margen para continuar las negociaciones, dado que el tratamiento en el recinto está previsto para el 18 de noviembre.
